Inosente Alcudia Sánchez
No tengo claro hasta dónde podrá llegar la militarización en lo que resta del sexenio. Voy por partes. Sin duda, estamos viviendo una creciente participación de las fuerzas castrenses en la administración pública federal y, al mismo tiempo, comienza a configurarse el surgimiento de lo que podríamos llamar un estatismo militar. En el primer caso, en el de la asignación de tareas administrativas civiles al personal de las secretarías de la Defensa y de la Marina, el fenómeno obedece a la visión que sobre el gobierno tiene el presidente de la República: para él, el gobierno es un “elefante reumático”, torpe y lento, incapaz de emprender con eficiencia sus propias funciones sustantivas. Y debemos reconocer que, en esto, no le falta razón al presidente. A pesar de reformas administrativas y de neoliberales programas de desregulación, a pesar de años de las famosas políticas de mejora regulatoria, lo cierto es que la administración pública de nuestro país sigue siendo un laberinto surrealista de reglamentos, trámites y burócratas capaces de frustrar al más optimista. Así, ante la urgencia que deviene de los afanes de trascendencia, es natural que el presidente encargara a la milicia obras de perentoria conclusión y funciones públicas en las que se anquilosaron prácticas corruptas, como es el caso de las aduanas. Construir las sucursales de los bancos del bienestar, los tramos de mayor complejidad del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la distribución de medicamentos y vacunas anti Covid, sólo reflejan el uso de las innegables capacidades logísticas de los militares para sacar adelante programas emblemáticos de la cuarta transformación. Esta militarización digamos que es coyuntural y, en algún momento, al quedarse sin el objeto de sus tareas, es decir, al concluir las obras y programas que les fueron encargados, de manera natural, los militares retornarán a sus cuarteles.
Para efectos del análisis político resulta mucho más interesante el aparente interés de las fuerzas armadas por constituir un sector paraestatal más amplio y productivo. Sabemos que cuentan con su propio banco e instituto de Seguridad Social y que, por lo visto, son muy bien administrados ya que no recuerdo alguna nota que planteara, por ejemplo, el asomo de crisis en las pensiones militares o de insolvencia bancaria. A raíz de los guacamayaliks nos enteramos que entre la cartera de proyectos castrenses se encuentra la creación de una línea aérea, que sería administrada por la paraestatal militar encargada de operar el Tren Maya y algunos aeropuertos. Creo que es temprano para discutir el tema: hoy las fuerzas armadas están concentradas en operar y construir y todavía no se sientan a sacar cuentas y a valorar si los proyectos que les obsequiará la cuarta transformación no son verdaderas manzanas envenenadas que en lugar de enriquecer su patrimonio les genere la crisis financiera que nunca tuvieron en el periodo neoliberal.
Por otra parte, la discusión sobre la prolongación del periodo en que las fuerzas armadas ejercerán funciones de seguridad pública descuidó el apartado más sensible: al prorrogar hasta el año 2028 la presencia de la milicia en las calles, los legisladores limitaron la capacidad de acción de la próxima administración federal y, en especial, vulneraron la atribución del Poder Ejecutivo en materia de diseño de políticas públicas. Así, el próximo presidente de la República tendrá que lidiar con los mandos castrenses para diseñar e implementar una nueva política en materia de seguridad pública y de combate a la delincuencia. El presidente López Obrador, bajo esta perspectiva, utilizó a los legisladores para “amarrar las manos” de su sucesor y obligarlo a no cambiar de inmediato el estatus de los generales al frente de la seguridad pública en todo el país. En sentido estricto, estamos ante un intento de vulneración de las atribuciones de la siguiente administración federal.
¿Cómo revertir la militarización de la seguridad pública? Al estar en la Constitución de la República, la única manera es mediante una repetición del proceso legislativo que acabamos de observar: sólo la mayoría calificada de diputados y senadores, y la mayoría de las legislaturas de los estados, pueden aprobar una reforma constitucional que saque de las calles a marinos y soldados y los devuelva a sus cuarteles antes del 2028. En el contexto actual se advierte muy difícil que el próximo presidente, de intentarlo, consiga las mayorías necesarias para modificar el estatus en que recibirá las estructuras de seguridad pública bajo el mando militar y veremos si el Poder Judicial tiene los arrestos para revertirlo. Sin duda, en esta materia, el presidente López Obrador se ha blindado ante la posibilidad de que un candidato no afín a la cuarta transformación gane la elección presidencial. Sin embargo, no me queda claro el motivo de la urgencia: hasta el año 2024 podía el presidente seguir recurriendo a la milicia para atender la seguridad pública. La única explicación que me doy es que, en el cálculo político del presidente, el prestigio de las fuerzas armadas irá decreciendo, cada vez será más evidente el fracaso de la estrategia anti crimen y él perderá la necesaria capacidad para presionar a los legisladores y conseguir la mayoría legislativa que ahora alcanzó. Entonces, si no era ahora, ya no sería.
Como sea, lo cierto es que militares y marinos han ido colonizando cada vez más áreas y funciones de la administración pública federal. Cuesta trabajo imaginar cómo le hacen las fuerzas armadas para ocuparse de tareas de seguridad pública, mientras cumplen las funciones que les son irrenunciables y atienden los encargos extraordinarios que les hace el presidente de la República.
He leído a analistas que opinan que las decisiones presidenciales de los últimos meses parece que respondieran al temor real de que Morena pierda las elecciones del 2024 o que, incluso, de ganar, el próximo ejecutivo eche atrás el legado de la cuarta transformación. En todo caso, y para concluir estos apuntes, creo que la discusión no debería ser sobre la militarización: es tiempo de comenzar a discutir, con objetividad, los resultados de la 4T.
