Inosente Alcudia Sánchez
Debo escribir mi artículo semanal y, por un momento, dejaré la lectura de una novela hermosa para abordar brevemente dos temas tan lamentables como dominantes de la discusión pública en estos días: la controversia en torno al rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, convertido en una auténtica manzana de la discordia conceptual, y el penoso y fallido intento de desafuero del diputado federal Cuauhtémoc Blanco. Ninguno de los dos es buena noticia.
En el caso del rancho Izaguirre, tirios y troyanos se han enfrascado en una disputa que refleja un fenómeno social y político alarmante: la indiferencia ante el drama de la violencia y la degradación de los valores que nos constituyen como comunidad. Resulta que lo que está en juego no es el horror que encarna ese lugar, sino la denominación con que será recordado. Mientras algunos lo llaman “campo de adiestramiento”, un sitio donde los criminales reclutan y entrenan a sus nuevos integrantes y, además, los torturan y asesinan; otros insisten en nombrarlo “campo de exterminio”, es decir, un lugar donde se eliminan y desaparecen a las víctimas.
El tema, entonces, no es la violencia ni la bestialidad encarnadas en un sitio que ganó notoriedad gracias a la denuncia de los colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos. La discusión revela hasta qué punto se ha normalizado la atrocidad en nuestra sociedad, donde los ciudadanos, entumecidos ante la crueldad cotidiana, observan impasibles la violencia que brota en cada vez más estados del país. Y donde los políticos, en lugar de reconocer que el rancho Izaguirre es apenas la punta del Iceberg de la violencia, debaten sobre el nombre adecuado para la barbarie. La guerra por la narrativa y la banalización de la desgracia y el dolor ajenos alcanzaron su cúspide en un tour del horror (Salvador Camarena, dixit) por el Izaguirre Ranch.
Cito a Pascal Beltrán del Río (Excelsior): “Dar vuelta a la noria de la semántica no nos acerca a la verdad de este caso. Lo que necesitan los familiares de personas desaparecidas es saber si los seres queridos pasaron o no por ese lugar y, en cualquiera de los casos, qué fue de ellos”.
Por otro lado, la patética estridencia en la sesión de la Cámara de Diputados, donde se discutió el desafuero del exfutbolista Blanco, oculta un problema mayor: la profunda distancia entre quienes gobiernan y los ciudadanos de a pie. La diferencia es clara: los primeros gozan del privilegio de la inmunidad procesal, mientras que los segundos deben someterse a la ley “a secas” y, debido a la figura de la prisión preventiva oficiosa, en muchas ocasiones en estado de indefensión. Comparto el artículo 19 constitucional, aprobado por la mayoría legislativa de la que el legislador Blanco forma parte, y promulgado por la presidenta de la República:
“El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley. Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.
Si un ciudadano es acusado de cualquiera de esos delitos enlistados en la Constitución, aunque sea inocente, deberá defenderse desde la cárcel y demostrar su inocencia tras las rejas. En estos casos, no rige la “presunción de inocencia”, sino la lógica del “encarcélalo y después averigua”. Don Cuauhtémoc Blanco, denunciado por un caso que amerita “prisión preventiva oficiosa”, evade la aplicación de la ley –esa misma que él aprobó-, gracias a la armadura que protege a quienes militan en el olimpo del poder: el llamado fuero constitucional.
Con esa protección al legislador de Morena, sólo se ha confirmado el divorcio entre la clase política gobernante y el pueblo al que dice representar. En una sociedad donde la igualdad sigue siendo una de las aspiraciones más postergadas, la inmunidad procesal del diputado Cuauhtémoc Blanco adquiere múltiples significados –otra vez la semántica- en términos de género, respeto a las víctimas y la desigual brecha que separa a mandantes y mandatarios a la hora de enfrentar la ley. “No nos engañemos –afirma Jorge Zepeda Patterson-, la mayoría de los miles de presidentes municipales, senadores, diputados, gabinetes y gobernadores no están en Morena por un proyecto de nación, sino por una estrategia de ascenso profesional y acceso al poder” (Milenio).
Y todo esto sucede –el narco rancho de Izaguirre, la inmunidad de Blanco- en el décimo país más feliz del mundo. En una nación con la presidenta más popular del planeta y legisladoras que corean a Cuauhtémoc Blanco: “No estás solo, no estás solo”. La posverdad campea, explican algunos.
Retomaré La vegetariana. Gran novelista la Nobel Han Kang.
