Harold Amábilis
CAMPECHE.- La clausura repentina del Museo de Arte Contemporáneo de Campeche, ocurrida durante las semanas iniciales de este año, ha removido convicciones largamente asentadas en la comunidad artística del estado. El recinto, que había abierto sus puertas a finales del 2024, se desvaneció sin anuncio ni justificación pública, y dejó la incómoda sensación de que los derechos culturales, esos principios que la ley esculpe con solemnidad, pueden desmoronarse en el terreno de los hechos cuando la voluntad institucional se retira.
El inmueble donde funcionó el museo, el antiguo edificio del Museo de Fortificaciones, Comercio y Navegación “El Palacio”, albergó durante su breve existencia exposiciones que aspiraban a convertirse en el cimiento de una programación continua. Ejemplos como la muestra colectiva “Mutaciones desde la naturaleza”, con obra de Olga Dondé, Lorena Ancona y Vanessa Rivero, o la muestra individual de Luis Carlos Hurtado, “Soy capaz de cualquier cosa cuando no es importante”, alcanzaron a congregar a un público que empezaba a reconocer aquel espacio como propio. Aquel esfuerzo incipiente quedó interrumpido cuando las salas se destinaron a la instalación de “Yo soy Frida Kahlo”, una experiencia digital inmersiva de factura comercial cuyo arribo desplazó por completo el proyecto curatorial original.
La comunidad artística campechana interpretó el movimiento como una fractura en el ejercicio de las garantías que protegen la participación en la vida cultural. Cuando un museo concebido para exhibir, debatir y formar en torno al arte contemporáneo se suprime sin explicación, se interrumpe el derecho a incidir creativamente en el entorno simbólico que habita una colectividad. Los creadores quedan despojados de un espacio donde mostrar su trabajo, mientras que los estudiantes de artes visuales pierden un laboratorio para confrontar sus procesos con la mirada ajena. El artículo 11, fracción V, de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales ampara la facultad de cualquier persona a participar de manera activa y creativa en la cultura, y el artículo 12, fracción VIII, ordena a los gobiernos fomentar la educación artística, la investigación y la formación de audiencias. Prescindir de un recinto público orientado a la producción artística contemporánea debilita, en la práctica cotidiana, el entramado de esas protecciones.
Rafael Pérez y Pérez, curador con trayectoria en el sureste, ha documentado la precariedad de espacios dedicados al arte actual en la región, un territorio donde la oferta cultural se inclina hacia las expresiones tradicionales. Esa circunstancia termina por estrechar las oportunidades de los jóvenes formados en licenciaturas de artes visuales, quienes necesitan vitrinas institucionales para desarrollar una carrera profesional digna. La desaparición del museo corta de tajo esa posibilidad y deja en suspenso el mandato público de garantizar a los ciudadanos los medios para construir sus propias referencias estéticas.
Luis Carlos Hurtado, promotor cultural y artista visual, narró en las páginas de la revista “Cubo Blanco” el trabajo cotidiano que el museo desplegaba durante sus meses de funcionamiento. Visitantes escolares, talleres de iniciación, sesiones de planeación para futuras muestras; todo ese andamiaje se sostenía a contracorriente de las limitaciones presupuestales y las carencias operativas, impulsado por la convicción de que Campeche merecía un espacio consagrado a sus creadores. Hurtado dejó constancia de sus interrogantes acerca de la naturaleza de la experiencia inmersiva que ocupó el lugar del proyecto curatorial y señaló la ausencia de información sobre el destino de las colecciones que pertenecieron al antiguo museo “El Palacio”, al igual que la opacidad alrededor de los recursos destinados a la nueva instalación digital.
La manera en que el recinto fue desmontado ha reavivado las dudas sobre la existencia de una política cultural estable en el estado. La percepción compartida apunta a una dinámica errática, donde los espacios nacen y mueren al ritmo de las coyunturas, sin que alcancen a consolidar procesos duraderos. Esa fragilidad institucional erosiona la confianza de los artistas locales y desdibuja la obligación de las autoridades de emplear infraestructura, asignar presupuestos y trazar estrategias que garanticen a la población el ejercicio real de sus derechos en materia cultural. El artículo 6 de la citada ley establece que las instituciones del Estado deben crear medios, mantener infraestructura y aplicar recursos financieros para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales. La cuestión que queda flotando en el ambiente, repetida en foros y conversaciones, no interroga la validez de una exposición inmersiva dedicada a una figura icónica del arte mexicano; interroga la responsabilidad del aparato público frente a la comunidad que produce, investiga y enseña arte contemporáneo en Campeche. La ausencia de respuestas oficiales alimenta la sospecha de que el estado ha dado un paso atrás en su deber de proteger las condiciones que permiten a los ciudadanos construir cultura desde su propio territorio, en lugar de consumir narrativas elaboradas en otras latitudes.
Quienes vivieron de cerca los meses del museo recuerdan la vocación de permanencia que animaba aquel proyecto modesto pero firme. Hoy, el eco de su cierre resuena en la comunidad artística como una advertencia sobre la fragilidad de los derechos que se dan por sentados y que, en cualquier momento, pueden esfumarse entre los pliegues de una decisión administrativa que nadie explica y que todos padecen.
