Por el Abogado Luis Esquiel
En México hay tragedias que no desaparecen… sólo se maquillan. La crisis de personas desaparecidas es una de ellas. Y hoy asistimos a una peligrosa estrategia política: reducir la cifra sin reducir la tragedia. Borrar números para borrar responsabilidades.
Durante años, el país ha acumulado una deuda moral imposible de pagar con miles de familias: madres buscadoras, colectivos, fosas clandestinas y servicios forenses rebasados. Sin embargo, en lugar de enfrentar la magnitud del problema, el gobierno federal ha optado por un camino más cómodo: la manipulación estadística, el cambio de metodologías y la narrativa triunfalista.
El mensaje implícito es devastador: si bajan los números, baja el problema. Pero en la vida real, las personas no aparecen porque el Excel cambie de fórmula.
El país donde los desaparecidos “desaparecen” de las cifras
México rebasa ya las cien mil personas desaparecidas, una cifra que debería provocar una crisis de Estado permanente. El registro oficial —el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas— se ha convertido en el centro de una polémica nacional por la revisión y depuración masiva de registros.
La narrativa oficial habla de “actualización”, “verificación de datos” y “búsqueda casa por casa”. La realidad percibida por colectivos y especialistas habla de otra cosa: reducción artificial del universo de víctimas.
El problema no es técnico; es político.
Cuando el gobierno presume que la cifra baja, el mensaje que envía es que la crisis disminuye. Pero los colectivos de búsqueda siguen encontrando fosas. Las familias siguen marchando. Los SEMEFOS siguen saturados.
La pregunta es brutal:
¿Quién decidió que la solución era reducir el número de desaparecidos… en papel?
El fracaso institucional convertido en narrativa
La desaparición de personas es uno de los delitos más graves que puede enfrentar un Estado. Implica fallas simultáneas de seguridad, procuración de justicia, inteligencia, coordinación institucional y política social.
Pero en México la respuesta ha sido fragmentada, lenta y profundamente politizada. La Fiscalía General de la República ha sido incapaz de construir una estrategia nacional efectiva de investigación y coordinación con fiscalías estatales.
Las cifras de impunidad son escandalosas.
La mayoría de los casos no llega a sentencia.
Miles ni siquiera llegan a investigación real.
El resultado es una tragedia multiplicada:
primero desaparece la persona, luego desaparece la justicia.
Y ahora, parece, quieren desaparecer también la estadística.
Los SEMEFOS: la tragedia congelada
Mientras las cifras se “ajustan”, los Servicios Médicos Forenses cuentan otra historia. Una historia imposible de ocultar.
México enfrenta una crisis forense histórica: decenas de miles de cuerpos sin identificar se encuentran almacenados en refrigeradores saturados, contenedores improvisados y fosas comunes.
Son personas que alguien busca.
Son historias suspendidas.
Son familias que viven en pausa.
El colapso forense es la prueba material de que la crisis no ha disminuido. Si hubiera menos desapariciones, habría menos cuerpos sin identificar. Pero ocurre exactamente lo contrario: los SEMEFOS siguen acumulando cadáveres sin nombre.
El país vive una tragedia burocrática:
la estadística dice una cosa, los refrigeradores dicen otra.
Quintana Roo: el paraíso turístico con sombras
La narrativa oficial suele concentrarse en estados históricamente violentos. Pero la crisis ya alcanzó al Caribe mexicano.
Quintana Roo vive una realidad incómoda: el crecimiento del crimen organizado ha traído consigo desapariciones vinculadas a trata de personas, narcotráfico, explotación laboral y violencia.
El contraste es brutal.
Turismo récord.
Hoteles llenos.
Y familias buscando desaparecidos.
El estado no ha desarrollado la infraestructura forense ni las capacidades de investigación que exige la magnitud del fenómeno. Las desapariciones en zonas turísticas suelen tener un componente adicional: presión económica para no afectar la imagen del destino.
El resultado es predecible: subregistro, minimización y lentitud institucional.
En Quintana Roo, la desaparición no sólo es una tragedia humana; es también un problema incómodo para la narrativa económica.
El silencio como política pública
El manejo del tema revela una tendencia preocupante del gobierno federal: evitar los temas incómodos sustituyéndolos por discursos optimistas.
La desaparición de personas debería ser prioridad nacional permanente. Sin embargo, el tema ha perdido visibilidad política. No hay mensajes contundentes, no hay planes integrales, no hay urgencia.
Lo que sí hay es una insistencia en afirmar que el problema está “mejorando”.
Pero las madres buscadoras siguen excavando con palas.
Ese contraste define la política pública actual:
la realidad la buscan las familias; la narrativa la construye el gobierno.
El costo humano de maquillar cifras
Reducir registros no reduce el dolor.
Revisar metodologías no devuelve a nadie.
Cambiar el discurso no sustituye la investigación.
La crisis de desapariciones no es un problema estadístico; es una herida nacional abierta.
Cada número eliminado de un registro es una familia que siente que su caso deja de importar. Cada cifra “depurada” sin transparencia erosiona la confianza pública.
La política pública no puede basarse en la percepción.
Debe basarse en la verdad, aunque sea incómoda.
México: un país que no puede normalizar la ausencia
El mayor riesgo no es la cifra.
Es la normalización.
Cuando un país se acostumbra a convivir con miles de desaparecidos, algo profundo se rompe en el tejido social. Se erosiona la confianza en el Estado, en la justicia y en la idea misma de ciudadanía.
La desaparición se convierte en una posibilidad real para cualquiera.
Ese es el verdadero tamaño de la crisis.
Conclusión: la verdad no puede desaparecer
Los desaparecidos no pueden desaparecer de las estadísticas.
No pueden desaparecer del discurso público.
No pueden desaparecer de la agenda nacional.
México necesita verdad, no ajustes.
Necesita investigación, no narrativa.
Necesita resultados, no cifras “optimistas”.
Porque mientras el gobierno presume números a la baja, las familias siguen pegando fichas de búsqueda en postes y paredes.
Y mientras exista una sola persona desaparecida, el problema no ha disminuido.
Solo ha sido borrado… de un plumazo.