El Congreso del estado reformó el Código Penal para permitir el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación; aunque cumple parcialmente una sentencia de la Suprema Corte, no se modificó la Constitución local que protege la vida desde la concepción
El Congreso del estado de Yucatán aprobó el pasado miércoles la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, mediante una reforma al Código Penal local que obtuvo 22 votos a favor y 13 en contra. La decisión se enmarca en el cumplimiento parcial de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó la armonización de las leyes estatales con los derechos reproductivos reconocidos a nivel federal.
Con esta votación, Yucatán se convierte en la entidad número 23 del país en dejar de criminalizar a las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo dentro del primer trimestre. Sin embargo, el proceso legislativo no incluyó la modificación del artículo 1 de la Constitución estatal, que establece la protección de la vida desde el momento de la fecundación, lo que contradice los criterios establecidos por el máximo tribunal del país.
El dictamen para reformar la Constitución local fue rechazado por los 12 diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido Verde, quienes se opusieron a eliminar esa cláusula. La modificación requería una mayoría calificada de al menos 24 votos, pero solo se obtuvieron 22. Esta decisión provocó protestas en el recinto legislativo, donde activistas y asistentes gritaron “desacato” y cuestionaron la postura del PAN, al considerar que contradice el fallo de la SCJN.
En contraste, el dictamen que reformó el Código Penal sí fue aprobado por mayoría simple. Además de permitir la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12, se incluyó una modificación propuesta por la diputada de Morena, Clara Paola Rosales, para evitar que los casos en los que no se compruebe el delito de aborto sean reclasificados como homicidio en razón de parentesco. Esta práctica, han denunciado organizaciones, ha sido utilizada para criminalizar a mujeres que enfrentan emergencias obstétricas.
Durante la discusión, Rosales y la legisladora de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta, expresaron su respaldo a la reforma y señalaron que representa un paso hacia la justicia reproductiva, especialmente para quienes enfrentan contextos de pobreza, violencia o abandono institucional. Ambas destacaron que la despenalización no es el final del camino, sino el inicio de un proceso que debe incluir servicios de salud accesibles y libres de estigmas.
Fuera del Congreso, la sesión fue acompañada por manifestaciones tanto de grupos feministas como de sectores conservadores. Mientras activistas portaban pañuelos verdes y coreaban consignas como “Iglesia y Estado, asuntos separados”, integrantes de organizaciones religiosas rezaban el rosario con imágenes de la Virgen de Guadalupe.
La reforma fue celebrada por colectivas feministas, que reconocieron el avance legislativo como un triunfo en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en un contexto nacional e internacional en el que estos derechos enfrentan retrocesos. No obstante, señalaron que la contradicción entre el Código Penal y la Constitución local podría generar obstáculos jurídicos que deberán resolverse en futuras sesiones legislativas.
