El 4 de junio, un juez determinará si procede un análisis de fondo sobre las afectaciones ambientales y sociales del proyecto; estudio de 15 especialistas advierte la pérdida del 20% de la selva en la Península en el 2050 si no se remedian los daños, ni se sigue un plan de mitigación ambiental
REDACCIÓN
MÉRIDA.- El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán celebrará el próximo 4 de junio una audiencia clave para determinar si procede un análisis de fondo sobre las afectaciones ambientales provocadas por el Tren Maya, incluyendo posibles violaciones a los derechos humanos de los habitantes del sureste. Esta será la primera ocasión en que el Poder Judicial podría revisar en profundidad un amparo con pruebas periciales que documentan el impacto ecológico del megaproyecto, el cual ya ha sido reconocido por el propio gobierno federal.
De acuerdo con la abogada Viridiana Maldonado, de la organización TerraVida, participante en el panel Voces de la defensa del territorio frente al Tren Maya, celebrado en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la UNAM, anteriormente se han presentado alrededor de 50 amparos contra el Tren Maya, pero sin que se resolvieran los aspectos de fondo.
Si el juez admite la discusión de fondo, se podrán analizar las pruebas obtenidas por un grupo de 15 científicos que advierten el desacato del gobierno a las leyes ambientales y la destrucción de la selva irremediable y en aumento si no se establecen límites a la deforestación que se prevé aumente debido al avance del Tren Maya; es decir, si no se realizan las medidas de mitigación ambiental y de restauración, el 20% de la cobertura natural, integrada por selva alta y baja, así como por bosque templado, desaparecerá rumbo al 2050.
Luis Zambrano, doctor en Ecología, señaló que la construcción del Tren Maya ha ignorado sistemáticamente la legislación ambiental, permitiendo la deforestación de selvas, la contaminación de cenotes y la fragmentación del hábitat. Los expertos advierten también un aumento del 64 por ciento en tierras destinadas a la agricultura y un 24 por ciento en asentamientos urbanos, lo que amenaza la biodiversidad en zonas frágiles.
Zambrano explicó que, si bien México tiene una adecuada legislación ambiental, la aplicación de esta en el proyecto ferroviario se ha subordinado a los intereses políticos y económicos en el sureste del país, en donde también se ha desatado un ‘boom’ inmobiliario que aumentará los asentamientos humanos.
Los peritajes incluidos en el expediente judicial indican que, sin el proyecto ferroviario, el 84 por ciento de la Península de Yucatán enfrenta un riesgo ambiental muy bajo. Sin embargo, con el Tren Maya y sus obras complementarias, hasta el 83 por ciento del territorio pasaría a presentar un riesgo alto o muy alto de degradación ambiental.
Las consecuencias abarcan no solo la pérdida de especies como jaguares, tapires y pecaríes, sino también el deterioro de funciones ecológicas clave como la polinización, el control de plagas y la captura de carbono.
Además, se documenta la violación de órdenes judiciales previas por parte del gobierno, que a través de la Secretaría de la Defensa Nacional continuó con la obra pese a suspensiones definitivas.
También se señala que, a pesar de la solidez de la evidencia presentada, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “ha retrasado el cierre del juicio con solicitudes de prorrogas que no tienen sustento y obstaculizando el avance del proceso judicial”.
Viridiana Maldonado explicó que lo que se busca es parar el proyecto y crear un precedente para que propuestas como esta no vuelvan a repetirse, además de garantizar la generación de un programa de restauración. (Con información de El Financiero y Diario de Yucatán)
