MÉXICO.- El asesinato de Edith Guadalupe Valdés no sorprende a quienes documentan la violencia contra las mujeres en México, pero sí ha conseguido lo que pocas veces ocurre: que una fiscalía reconozca públicamente sus propias fallas. La Fiscalía de Ciudad de México tardó más de 24 horas en acudir al único domicilio que la familia había señalado como la última ubicación registrada en el teléfono de la joven, de 21 años, asesinada el 15 de abril en la Torre Murano, un edificio de oficinas en la avenida Revolución adonde había ido a una entrevista de trabajo. La dependencia solo se presentó ahí tras el bloqueo de la avenida por parte de sus familiares.
Las omisiones documentadas son las de siempre: agentes que no transmiten información al cambio de turno, funcionarios que habrían solicitado dinero para agilizar la revisión de cámaras, indicaciones falsas sobre supuestos plazos de espera para levantar una denuncia, y la hipótesis refleja —ofrecida una vez más— de que la joven estaría con el novio. Un catálogo de negligencias que no es exclusivo de la capital sino que se replica en las fiscalías de todo el país, donde los delitos contra mujeres alcanzan el 95% de impunidad. El año pasado fueron asesinadas 2.800 mujeres en México; la mayoría de esos casos siguen sin resolverse.
Lo que distingue este caso es la presión política que ha generado. La fiscal Bertha Alcalde calificó las omisiones de “injustificables” e “inaceptables”; la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la suspensión de tres funcionarios mientras Asuntos Internos investiga; y la presidenta Claudia Sheinbaum pidió “esclarecer todo”. Tres figuras que llegaron al poder con promesas de transformar la respuesta institucional ante la violencia de género, confrontadas ahora por los mismos patrones que prometieron erradicar. La paradoja no pasa inadvertida: el reconocimiento de las fallas llega solo cuando la indignación pública vuelve políticamente insostenible el silencio.
Hay un detenido, Juan Jesús N., vigilante del inmueble, señalado por la Fiscalía como el responsable del crimen. Pero la familia de Edith tuvo que encontrarla ella misma, como ocurre con demasiadas familias en este país. Ese es el dato que ninguna suspensión de funcionarios ni ningún comunicado institucional logra cubrir. (Con información de El País)