MÉXICO.- Una investigación de la Fiscalía General de la República sobre contrabando de combustible enfrenta riesgo de invalidarse debido a un conflicto jurídico sobre si el Servicio de Administración Tributaria mantiene facultades para denunciar este delito tras la creación de la Agencia Nacional de Aduanas.
El caso, iniciado en 2020 por un presunto desfalco de 170 millones de pesos relacionado con la importación irregular de diésel por el puerto de Tuxpan, derivó en acusaciones contra empresarios vinculados al sector energético.
Sin embargo, decisiones judiciales recientes han debilitado la causa. Un juez federal rechazó vincular a proceso a uno de los principales señalados por falta de elementos, mientras que otro imputado obtuvo la revocación de su vinculación tras argumentar que el SAT carecía de competencia legal para presentar la denuncia en 2024.
El tribunal determinó que, desde 2022, la Agencia Nacional de Aduanas asumió la atribución para formular declaratorias de perjuicio fiscal en casos de contrabando, lo que pone en entredicho la validez de actuaciones previas del SAT.
Ante este escenario, autoridades fiscales promovieron un juicio de amparo para impugnar ambas resoluciones y sostener su facultad de representación del fisco en delitos aduaneros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso para definir si el SAT conserva esa atribución, una decisión que podría impactar no solo esta investigación, sino otros expedientes similares.
El conflicto jurídico ha impedido avanzar en la judicialización de los hechos, pese a las acusaciones sobre el ingreso ilegal de combustible con documentación presuntamente falsa.
En paralelo, el máximo tribunal también analiza otro expediente vinculado al mismo caso, donde la disputa de competencias ha impedido procesar a los presuntos responsables del contrabando de hidrocarburos. (Con información de El Sol de México)