REDACCIÓN
CANCÚN.- Al entrar en operaciones la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que es un gran paso en el combate a la corrupción que permite avanzar en la transparencia y rendición de cuentas para que nunca más se permita la impunidad.
La gobernadora presentó a Karina Martínez Jara como titular de esta Unidad y firmó un convenio de colaboración para el desarrollo de objetivos e intercambio de información con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del estado de Tlaxcala y presidente de la Comisión Nacional de Unidades Antilavado, Neri Toshiro León Souza.
Ante la presencia de titulares de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de las Entidades Federativas, autoridades federales y especialistas en el tema, así como de la Embajada de los Estados Unidos de América, reiteró que se trata de un reto conjunto mayúsculo, pero la suma de capacidades y el intercambio de información serán fundamentales para alcanzar los propósitos.
“A nosotros nos toca recomponer el camino; estoy segura que este esfuerzo conjunto rendirá frutos y seguramente habremos de bloquear avenidas por las que hoy transita con gran impunidad este tipo de actividad delictiva y criminal, que tanto daño hace a nuestra sociedad en cada uno de nuestros estados y en el país” afirmó.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Unidades Antilavado, Neri Toshiro León Souza, destacó que esta UIF de Quintana Roo marca un antes y un después en la entidad, significando un gran avance a nivel nacional.
El secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Quintana Roo, Eugenio Segura Vázquez, explicó que la finalidad de esta Unidad de Inteligencia Financiera es prevenir e inhibir delitos fiscales y actos de corrupción.
Explicó que la UIF Quintana Roo establecerá estrategias que permitan identificar e investigar el lavado de dinero; además de obtener, concentrar y analizar información fiscal, financiera, patrimonial, económica, civil y cualquier otra que se estime primordial para coadyuvar en la prevención y combate a los delitos fiscales.
