La iniciativa privada de Cozumel, a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), envió una carta a la Comisión de Turismo del Senado de la República para expresar su preocupación por la posible implementación de un impuesto de 42 dólares a los cruceristas. Este impuesto, que entrará en análisis en el Senado, podría tener un impacto negativo significativo en la economía de la isla, que depende en un 70% del turismo de cruceros, según datos de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA).
La presidenta de Coparmex Cozumel, Wilma Padilla Barbosa, destacó que la medida podría desincentivar el arribo de cruceros y afectar la estabilidad económica local.
Por su parte, Carmen Joaquín Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Cozumel, también expresó su alarma, calificando la aprobación en la Cámara de Diputados como un “albazo” que no considera el impacto económico para la isla, donde alrededor de cinco millones de cruceristas desembarcan anualmente.
Hernández argumentó que, a diferencia de otros turistas que se internan en el país por aire o carretera, los cruceristas solo pasan unas horas en Cozumel y actualmente no pagan derechos migratorios. Destacó la competencia con otras islas del Caribe, que podrían ofrecer mejores condiciones para atraer a los cruceros. Como alternativa, pidió que, si la medida se mantiene, su implementación se posponga hasta 2026 y se realice un cobro proporcional al tiempo de permanencia en el país, destinando parte del ingreso a los municipios generadores de recursos.