El expresidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo deplora que, aunque la ley sanciona la falsedad en ciertos ámbitos, los servidores públicos siguen al margen de esas consecuencias; “un país no puede avanzar si sus gobiernos mienten”
SALVADOR CANTO
En México, la mentira pronunciada desde el poder no constituye un delito, aun cuando sus efectos impactan directamente en la vida pública y en los derechos de la ciudadanía. Mientras los códigos penales sancionan a cualquier persona que falte a la verdad ante una autoridad judicial, los discursos engañosos, las promesas incumplidas y las cifras manipuladas emitidas por servidores públicos permanecen, en la mayoría de los casos, sin consecuencias legales. Esta omisión ha contribuido a normalizar la corrupción, debilitar la rendición de cuentas y consolidar un entorno de impunidad.
En entrevista para El Despertador, el abogado Luis Armando Esquiel Orozco, expresidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo Colegio Profesional A.C., sostiene De Viva Voz que la mentira política se ha convertido en una práctica sistemática tanto para acceder al poder como para ejercerlo y tiene consecuencias concretas en áreas sensibles como la salud, la seguridad y el manejo de los recursos públicos. Subraya que, sin mecanismos efectivos de sanción, transparencia y control institucional, la falsedad desde el gobierno seguirá debilitando la confianza social y erosionando la democracia.
—¿Es lo mismo que te mienta un ciudadano común a que lo haga un gobernante?
—Definitivamente no. Un servidor público tiene una responsabilidad mayor. Lo más preocupante es que en México muchos llegan a los cargos públicos con base en mentiras y, una vez en el poder, no enfrentan consecuencias reales por ello.
—Esas mentiras dañan personas, comunidades y hasta encarcelan inocentes. ¿Por qué parece que no pasa nada?
—Porque la mentira se ha normalizado desde el poder. Se toleran discursos falsos, cifras maquilladas y promesas incumplidas sin castigo. Eso genera impunidad y deteriora el Estado de derecho.
—¿La ley castiga la mentira en México?
—Sí, pero sólo en ciertos casos, sobre todo ciudadanos comunes. Mentir ante una autoridad en un juicio es un delito tipificado tanto en los códigos penales estatales como en el federal. Si se acredita que alguien se condujo con falsedad ante la autoridad, puede enfrentar un proceso penal adicional.
—¿Es complicado comprobar que alguien mintió?
—Como todo proceso legal, requiere pruebas. Si se demuestra con documentos, testimonios o incluso confesión que una persona mintió o falsificó información para evadir la ley, se configura el delito.
—La mentira parece haberse vuelto una práctica cotidiana en la política.
—Así es. Pararse frente a un país y afirmar que el sistema de salud es comparable al de Dinamarca es una mentira evidente. Las consecuencias están a la vista: hospitales sin mantenimiento, falta de medicamentos, carencia de personal médico. Las mentiras en políticas públicas dañan directamente a la población.
—Incluso se reflejan en problemas graves de salud pública.
—Correcto. Hoy vemos el regreso de enfermedades que ya estaban erradicadas, como el sarampión, con fallecimientos y miles de nuevos casos. Muchos niños no recibieron vacunas en años recientes y ahora estamos pagando esas decisiones.
—Recientemente Gales (uno de los cuatro países que constituyen el Reino Unido) dio un paso histórico al tipificar como delito penal la mentira deliberada durante campañas electorales. ¿Podría ocurrir en México?
—Sería deseable, pero poco probable en el corto plazo. Si se castigara la mentira política, no habría cárceles suficientes. Prometen obras que no cumplen, plazos que no respetan y presupuestos irreales, por ejemplo.
—¿Quién podría impulsar un cambio legal?
—Cualquier ciudadano puede proponerlo a su diputado o senador. También asociaciones civiles o legisladores pueden presentar iniciativas para tipificar como delito la mentira de servidores públicos, incluso en campaña.
—Pero políticamente suena complicado.
—Lo es. Sería dispararse al pie para muchos grupos en el poder. Además, hemos visto un retroceso con la desaparición o debilitamiento de instituciones de transparencia que permitían vigilar el uso de los recursos públicos.
—¿Qué pasa si un abogado miente ante un tribunal?
—Existen consecuencias legales y éticas. Todos tienen derecho a la defensa, pero no a falsear la verdad. El problema es que estas consecuencias no se aplican de la misma manera a los políticos.
—¿Y los medios de comunicación?
—Cuando mienten, enfrentan sanciones; cuando dicen la verdad, muchas veces son perseguidos. La sociedad civil tiene consecuencias. Los políticos, no.
—¿La mentira ha sido un factor del retroceso del país?
—Sin duda. La mentira va de la mano con la corrupción y la falta de rendición de cuentas. Hoy la mayoría de las obras públicas se asignan de manera directa y con costos inflados hasta ocho o diez veces su valor real. Eso es fraude y afecta directamente a los contribuyentes.
—Para cerrar, ¿qué tendría que cambiar?
—Necesitamos exigir hechos, no discursos. Un país no puede avanzar si sus gobiernos mienten. La verdad y la rendición de cuentas deben ser principios obligatorios del ejercicio del poder si queremos instituciones sólidas y un país con futuro.
