Las organizaciones criminales crecieron con pleno conocimiento de las autoridades federales desde 1980, permitiéndoles ampliar su influencia política y económica hasta configurar un escenario de cogobierno, como sucedió también en otros estados; el asesinato del alcalde de Uruapan, símbolo de una violencia que ya abarca la mayor parte del país

SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR

El magnicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, frente a decenas de familias el 1 de noviembre, no solo estremeció a Michoacán; fue un aviso que resuena en todo el país. Durante años, los programas, operativos y estrategias del Estado mexicano han fracasado, mientras productores pagan por trabajar, alcaldes por gobernar y ciudadanos por sobrevivir. Las autoridades lo saben, pero guardan silencio.

Lo ocurrido no fue un hecho aislado ni un accidente de la violencia cotidiana. Fue un mensaje: la paz prometida por el Estado mexicano no llegó. Carlos Manzo alzó la voz, defendió y luchó por su pueblo, y fue brutalmente asesinado en una ciudad donde todos saben quién manda, menos el gobierno. Su muerte destapó lo que muchos temían admitir: Michoacán es el espejo más nítido de un país que ha cedido terreno al crimen organizado.

Esta entidad, alguna vez símbolo de riqueza agrícola, de maíz, aguacate, limón y berries —fresa, frambuesa, zarzamora y arándano—, hoy es un laboratorio de la violencia mexicana. Allí, los límites entre poder político y criminalidad se desdibujan. El asesinato selectivo de figuras públicas envía un mensaje claro: matan menos, pero duelen más. La normalización del crimen refleja una tendencia que amenaza a toda la nación y cada vez violenta el Estado de Derecho.

La crisis se extiende más allá de Michoacán. El gobierno de Estados Unidos ya declaró a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, motivado por su nivel de violencia, ataques a autoridades y ciudadanos, y la amenaza que representan para la seguridad internacional. Esta designación subraya que la criminalidad organizada en México es un riesgo global.

Hoy, el crimen organizado no solo desafía al Estado, sino que se ha convertido en un actor que coexiste con él en la vida cotidiana. Las estrategias de “guerra contra el narco” o “abrazos, no balazos” muestran su límite frente a la magnitud de la violencia, y Michoacán refleja un país donde la paz prometida sigue siendo una deuda.

Lo mismo pasa en Culiacán, Sinaloa, en donde desde hace más de un año quien controla la entidad es el crimen organizado, como ya fue documentado en un reciente reportaje de El Despertador que se puede consultar en este link: https://eldespertador.com.mx/culiacan-11-meses-de-terror/. Otro reportaje sobre esta misma temática está disponible en el link: https://eldespertador.com.mx/crimen-organizado-se-reparte-el-pais/.

Michoacán: laboratorio del crimen moderno

Desde inicios del siglo XXI, Michoacán es epicentro de un experimento criminal que redefiniría la violencia en México, cuyo origen data de hace más de cuarenta años, convirtiéndolo durante las dos últimas décadas en uno de los principales focos del narcotráfico y la violencia criminal del país. Aquí surgieron organizaciones que mezclaron religión, justicia social y narcotráfico, moldeando un modelo de control territorial que luego se replicó en otras regiones.

La Familia Michoacana, fundada por Carlos Rosales Mendoza y Nazario Moreno “El Chayo”, fue el punto de partida. De su estructura emergerían Los Caballeros Templarios, liderados por Servando Gómez “La Tuta”, quienes llevaron la idea de un “Estado paralelo” al extremo: cobraban impuestos, dictaban castigos, imponían normas y repartían favores como autoridad legítima.

La respuesta federal, basada en operativos militares, no contuvo la violencia; la fragmentó. Tras la caída de los viejos liderazgos, nuevos actores ocuparon el vacío: Los Viagras, los Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que transformó al estado en uno de los campos de batalla más sangrientos del país. Lo que nació como experimento criminal se convirtió en un archipiélago de grupos rivales disputando territorio.

Hoy, Michoacán está completamente fracturado. Ninguno de sus 113 municipios está libre de presencia delictiva, y al menos una de las 17 organizaciones identificadas opera en cada localidad. La densidad criminal revela un mosaico sin precedentes, de acuerdo con una radiografía del grado de penetración de las organizaciones criminales en el estado, elaborada por el portal Animal Político a partir de fuentes hemerográficas:

• 30 municipios: un solo grupo

• 31 municipios: dos grupos

• 30 municipios: tres grupos

• 5 municipios: cuatro grupos

• 9 municipios: cinco grupos —incluidas Morelia y La Piedad

• 5 municipios: seis grupos —como Uruapan, Buenavista y Tepalcatepec

• 2 municipios: siete grupos —Aguililla y Múgica

• 1 municipio: ocho grupos —Apatzingán

El CJNG es predominante, con presencia en 110 municipios. Solo Acuitzio, Huiramba y Nocupétaro están fuera de su mapa, aunque no libres de otros grupos. Su avance genera tensiones extremas en regiones clave: Uruapan y Apatzingán, donde se disputan secuestros y cobro de piso con Los Viagras; Aguililla y Coalcomán, corredores hacia el Pacífico; y Lázaro Cárdenas, puerto estratégico para el narcotráfico y la metanfetamina. En Morelia y la Meseta Purépecha, la extorsión asfixia a comerciantes y empresarios.

Crimen organizado como estructura paralela de gobierno

La violencia en Michoacán no solo redefine la vida cotidiana; reorganiza la economía y condiciona decisiones de productores. En menos de una generación, las organizaciones pasaron de traficar drogas a ‘traficar legalidad’, cobrando por permitir que la economía funcione. Casi todos los sectores productivos —aguacateros, limoneros, mineros, madereros y cultivadores de berries— pagan cuotas obligatorias para poder trabajar. Quien se niega enfrenta bloqueos o desaparición. Las extorsiones se cobran por hectárea, transporte, empaque y exportación. En diciembre, los delitos se disparan hasta 40% según asociaciones de productores.

El dominio criminal se extiende a empresas de transporte, comercios y obra pública: cada contrato, servicio o embarque deja un porcentaje para los grupos armados. En menos de una generación, las organizaciones pasaron de traficar drogas a “traficar legalidad”, cobrando por permitir que la economía funcione. Michoacán se convirtió así en laboratorio del crimen moderno, modelo replicado en otros estados.

Vacío institucional y respuesta federal

La violencia en Michoacán surge de décadas de omisiones y complicidades que permitieron al crimen organizado consolidarse dentro de estructuras estatales. Especialistas coinciden: la debilitación del Estado no fue accidental, sino el resultado de un sistema que facilitó su expansión. “El Estado no perdió el control: lo compartió”, resume un analista en materia de seguridad.

La llamada Operación Enjambre, impulsada por el gobierno federal para investigar vínculos entre autoridades municipales y cárteles, exhibió la profundidad de esa red de protección: policías, alcaldes, funcionarios estatales y antiguos líderes de autodefensas operaban bajo los mismos grupos que aseguraban combatir. “El Estado no perdió el control: lo entregó”, resume un analista. Sin embargo, el operativo, anunciado a fines del 2024 como un modelo a replicar a nivel nacional, se diluyó al paso de los meses sin avances visibles y dejó de ser mencionado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Tras el homicidio de Carlos Manzo, se presentó el Plan Michoacán —el pasado 9 de noviembre—, sostenido por tres ejes: 12,000 militares adicionales, apoyos económicos a productores afectados y ampliación de programas sociales y educativos. La inversión prevista es de 57 mil millones de pesos. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, destacó mandos especiales, filtros carreteros, tecnología de detección y células antiexplosivos. “Los delincuentes no tienen jurisdicción; nosotros tampoco debemos tenerla”, afirmó.

Sin embargo, comunidades indígenas han denunciado exclusión en el diseño del plan. Al menos veinte comunidades mantienen solicitudes sin respuesta para fortalecer rondas, seguros de vida y bases de operación.

Un país bajo el mismo fuego, de norte a sur

La crisis de violencia que atraviesa Michoacán no es un caso aislado: es el reflejo de un país sometido a la expansión criminal. Documentos del Ejército filtrados por la organización activista Guacamaya Leaks y analizados por periódico El Universal recientemente, revelan que 1,198 municipios —el 75% del territorio nacional— tienen presencia de grupos delictivos, una cifra que confirma el alcance real del fenómeno.

En este escenario está claro que las fronteras entre la política y el crimen organizado se han desdibujado. En diversas regiones, los grupos criminales financian campañas, imponen candidatos y colocan mandos policiacos, mientras que la economía formal funciona como un mecanismo de lavado de dinero mediante constructoras, inmobiliarias y contratos públicos.

A nivel nacional, los cárteles dejaron de operar al margen del Estado: cogobiernan desde dentro, influyendo en decisiones políticas, financieras y de seguridad. Su presencia permea estructuras institucionales, borrando los límites entre autoridad y crimen.

Lo que enfrenta México no es únicamente un Estado debilitado, sino un Estado compartido, donde el poder se fragmenta y se reparte —territorio por territorio— entre gobiernos constitucionales y organizaciones criminales.

Ese dominio compartido se refleja en el mapa delictivo nacional, donde cada región enfrenta dinámicas y disputas propias:

• Noroeste: El Cártel de Sinaloa sufre una fractura interna entre Los Chapitos y La Mayiza, surgida tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

• Occidente: El CJNG mantiene el control de Michoacán, Colima y Jalisco, consolidándose como la organización más expansiva de 2024 y 2025.

• Centro: La Unión Tepito domina el negocio de extorsiones, secuestros, contrabando y huachicol desde el centro del país.

• Sur: Grupos como Los Ardillos, Los Tlacos y Guerreros Unidos gobiernan regiones enteras de Guerrero con sistemas propios de recaudación y control político. Además operan los sembradíos de amapola en la sierra desde hace muchos años.

• Sureste: En Quintana Roo, el CJNG y el Cártel de Sinaloa se disputan los destinos turísticos de mayor importancia de la zona norte como Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Tulum. Mientras que en la zona sur predominan Los Rojos y miembros del Cártel de Caborca. A ello se suma la aparición de células locales —como el llamado “cártel de Bonfil” de Cancún— que evolucionaron de pandillas a brazos operativos, impulsadas por el reclutamiento de menores y la diversificación del narcomenudeo.

Quintana Roo: turismo y criminalidad

El fenómeno, como hemos visto, no se limita a Michoacán; se replica en otras regiones del país, como es el caso de Quintana Roo, el paraíso turístico que se ha convertido en un escenario cada vez más complejo. Aunque los homicidios dolosos han caído un 68 % entre enero y septiembre de 2025, según datos de la Fiscalía estatal, la espiral de violencia no ha desaparecido.

Los “cuatro jinetes delictivos” —homicidio, narcomenudeo, extorsión y robo de vehículos— configuran el rostro oscuro del estado. Solo en el primer trimestre de este año se registraron 92 homicidios, 571 delitos de venta de droga y 47 extorsiones, de acuerdo con el Semáforo Delictivo.

Recientemente en un rancho llamado Sac-Lol localizado en la comunidad de Leona Vicario, perteneciente al municipio de Puerto Morelos, las autoridades encontraron un cementerio clandestino con 16 cuerpos de personas que estaban en calidad de desaparecidas entre el año 2024 y lo que va del 2025.

En la zona norte, donde se concentran, además de Puerto Morelos, Cancún, Playa del Carmen y Tulum, operan grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, parte del Cártel de Sinaloa, además de estructuras locales como “Cártel de Bonfil” que han penetrado espacios turísticos: se reporta que los comensales son abordados incluso en los baños de los bares y restaurantes tanto de la zona hotelera como de la ciudad. La extorsión golpea con fuerza a restauranteros, pequeños comercios y clubes, quienes enfrentan pagos sistemáticos para poder operar.

En la zona sur, los grupos conocidos como Los Rojos y el Cártel de Caborca ejercen control sobre la frontera con Belice, donde ha crecido la extorsión y el tráfico de drogas. Esta presencia refuerza la violencia estructural y dificulta el trabajo de las autoridades locales.

Aunque las cifras oficiales muestran una leve recuperación —el Gabinete de Seguridad reporta una caída de 29.2 % en los delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y julio de 2025—, la percepción de inseguridad permanece. Habitantes y empresarios del turismo advierten que, detrás del brillo de las playas, operan redes criminales sofisticadas que mantienen al estado bajo una sombra constante.

Quintana Roo, como microcosmos nacional, demuestra que reducir homicidios no basta: el verdadero desafío es desmantelar los entramados que sostienen la violencia organizada y estructural.

México sangra desde 2006: 450 mil muertos y desaparecidos

Un país marcado por la guerra interna: más de 450 mil mexicanos muertos o desaparecidos desde 2006, comunidades enteras desplazadas y cárteles que controlan territorios y economías. Así se resumen casi dos décadas de estrategias fallidas de seguridad que prometieron “recuperar la paz”.

Felipe Calderón (2006-2012) abrió la puerta a la militarización con la “guerra contra el narco”, respaldada por la Iniciativa Mérida, un acuerdo de cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, vigente de 2008 a 2021, destinado a combatir el crimen organizado y el narcotráfico mediante recursos, equipo, tecnología y capacitación. Su ofensiva buscaba “decapitar” a los cárteles, pero la fragmentación criminal fortaleció a grupos más violentos como Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre 2006 y 2012, se registraron más de 60 mil homicidios vinculados al crimen organizado y cerca de 30 mil desaparecidos, mientras la corrupción institucional perpetuaba la impunidad.

Enrique Peña Nieto (2012-2018) prometió un enfoque preventivo, con menos confrontación militar y la creación de la Gendarmería. Sin embargo, los homicidios aumentaron a más de 156 mil durante su sexenio. Casos como Ayotzinapa y Tlatlaya evidenciaron la colusión entre autoridades y crimen, consolidando la narrativa de impunidad que persiste hasta hoy.

Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) apostó por la política de “abrazos, no balazos” y reforzó programas sociales, pero la violencia se mantuvo: cerca de 30 mil homicidios al año y cárteles que hoy generan 12.1 mil millones de dólares anuales según el Informe Mundial de Drogas 2025. La Guardia Nacional, bajo mando militar, no logró revertir la inercia de la guerra iniciada hace casi dos décadas.

Claudia Sheinbaum, en 2024, propuso un giro centrado en prevención, inteligencia y presencia territorial. Su estrategia, a pesar de mostrar números “alegres” que señalan que han reducido los homicidios dolosos en alrededor de 30%, contrasta con la realidad, que sigue siendo contraria en los hechos y en la percepción ciudadana, la cual sigue siendo negativa porque al menos el 70 % de la población dice sentirse insegura en México.

Casi dos décadas después, México sigue lacerado por una herida social profunda: desapariciones, desplazamientos y un crimen organizado que permea la economía y el Estado. Sin reformas institucionales profundas, la violencia continuará siendo la constante, mientras las promesas de paz se diluyen entre cifras y tragedias humanas.

Presión internacional: EEUU y los cárteles

La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos ha marcado un punto de inflexión en la estrategia internacional contra el narcotráfico. La administración de Donald Trump advierte que podría ejecutar operaciones militares y de inteligencia en zonas de alto riesgo, y que estas acciones podrían concretarse en cualquier momento, señalando que la violencia en México ya no es solo un problema interno, sino una amenaza global que evidencia la erosión del Estado de Derecho.

Especialistas en materia de seguridad coinciden en que el crimen organizado en México ha alcanzado niveles de cogobierno en varias regiones del país. Candidatos vinculados al narcotráfico han competido en elecciones locales, mientras que el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas se infiltra en campañas políticas. Un caso emblemático ocurrió en Tabasco, donde Hernán Bermúdez Requena, vinculado al grupo criminal La Barredora, fue incrustado en la administración de Adán Augusto López, gobernador de 2019 a 2021, cuando fue nombrado secretario de Gobernación por el entonces presidente López Obrador.

La violencia en México se ha reconfigurado bajo el control territorial de distintos cárteles, cada uno consolidando áreas delimitadas por la fuerza. Según Oswaldo Zavala, autor del ensayo Los cárteles no existen, estas organizaciones operan hoy como redes fluidas, no jerárquicas, cuya resiliencia depende del control territorial y de la diversificación de actividades ilícitas.

Se estima que el narcotráfico en México genera entre 37 mil y 58 mil millones de dólares anuales en efectivo, superando el PIB de varios países centroamericanos. El fentanilo se ha convertido en el producto más rentable, con márgenes de hasta mil veces sobre su costo de producción. Además, los cárteles facturan alrededor de 3 mil millones de dólares por minería ilegal y 1,500 millones por extorsión a transportistas y productores de aguacate y limón.

La advertencia estadounidense busca frenar la impunidad de los cárteles, limitar su financiamiento internacional y enviar un mensaje claro: las zonas de riesgo en México podrían convertirse en objetivos directos de acciones inmediatas para desmantelar estas estructuras criminales.

Generación Z encabeza movilización nacional 

El asesinato de Carlos Manzo detonó una movilización inédita encabezada por jóvenes de la Generación Z —nacidos entre mediados de los años 90 y principios de 2010—, quienes convocaron a una Marcha Nacional el 15 de noviembre. Más de 90 ciudades se sumaron a la protesta, entre ellas Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, en Quintana Roo.

Las demandas fueron claras: justicia para Manzo, mayor seguridad y cambios estructurales en las políticas públicas. Aunque las autoridades implementaron operativos especiales —como el cerco montado alrededor del Palacio Nacional en Ciudad de México— las medidas no evitaron que se registraran episodios de violencia.

Durante la marcha, se repitió con fuerza el consigna: “Carlos no murió, el gobierno lo mató”. Muchos asistentes vistieron de blanco o portaron sombreros similares a los usados por Manzo. También se observaron banderas blancas, negras y otras con la calavera de One Piece, símbolo que la Generación Z ha adoptado como emblema de resistencia y unidad.

La jornada dejó ver no sólo el nivel de indignación social, sino también la capacidad de organización de esta generación. Sin embargo, el ambiente permanece tenso. Cualquier decisión gubernamental para contener futuras manifestaciones podría convertirse en un punto de quiebre, y el uso de fuerza pública, advierten especialistas, podría derivar en consecuencias graves.

APUNTES DE EL DESPERTADOR

Para evitar que la situación límite de Michoacán se replique en similares condiciones en Quintana Roo, es necesario que las autoridades implementen acciones puntuales como: 

1.- Incrementar patrullaje y presencia de fuerzas federales y estatales en zonas turísticas y fronterizas.

2.- Coordinar información de Fiscalía, Guardia Nacional y policía estatal para anticipar movimientos de cárteles y extorsionadores.

3.- Poner en marcha programas de seguridad para alcaldes, empresarios turísticos y líderes comunitarios.

4.- Eliminar elementos policiacos corruptos, capacitar en investigación, uso de inteligencia y derechos humanos.

5.- Programas educativos, culturales y laborales en comunidades vulnerables para reducir el reclutamiento criminal.

6.- Supervisar negocios turísticos y de transporte para combatir el lavado de dinero y la extorsión, incentivando la cooperación con autoridades.

7.- Evitar la infiltración del crimen organizado en campañas y cargos públicos mediante reglas claras y sanciones severas.

8.- Fomentar comités vecinales, líneas de denuncia anónima y educación ciudadana sobre seguridad y resiliencia comunitaria.