La violencia y la corrupción han configurado un escenario donde el crimen organizado domina territorios, infiltra gobiernos locales y controla economías regionales; los sucesos en la capital de Sinaloa representan una advertencia al país para corregir el rumbo
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO
Sinaloa no solo es conocido por su geografía privilegiada para el tráfico de drogas: es la cuna del narcotráfico en México, el territorio donde se forjaron los imperios criminales de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero, entre otros. Hoy, su capital, Culiacán, se ha convertido en el epicentro de una crisis de seguridad que sacude al país entero desde hace 11 meses.
Desde aquí se produce, trasiega y distribuye mariguana, metanfetaminas, cocaína, heroína, tusi (cocaína rosa) y, sobre todo, fentanilo: la droga sintética que mantiene en alerta a Estados Unidos y que ha provocado una escalada de tensiones bilaterales. Washington ha señalado directamente a Sinaloa como uno de los principales territorios de producción y exportación ilegal de opioides hacia su frontera sur. A esto se suma que el gobierno de Donald Trump ha declarado terroristas a los cárteles mexicanos, una connotación que abre la puerta a una posible intervención en cualquier momento.
Desde el 9 de septiembre de 2024, las principales facciones del Cártel de Sinaloa, los Chapitos y los Mayos, han usado como territorio de conflicto las calles y las carreteras del estado, asesinando a más de mil 500 personas y desapareciendo a otras mil 800.
Tan solo en el primer semestre de 2025 —según cifras oficiales— Sinaloa acumuló 913 homicidios, un incremento del 260.9% respecto al mismo periodo del año anterior.
Esta situación ha desplazado al Estado como autoridad legítima. El miedo ha sustituido a las instituciones, y el crimen se ha normalizado como forma de gobierno. Las calles de Sinaloa ya no son vigiladas por policías, sino por células armadas que deciden quién circula, quién trabaja, quién sobrevive. Cientos de familias de zonas rurales han sido desplazadas, y cientos de negocios han cerrado sus puertas.
El impacto económico es devastador. Más de 25,000 empleos se han perdido y los daños superan los 18,000 millones de pesos, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). La precarización avanza: 40.1% de la población sinaloense vive con carencias sociales y 3.88% sufre vulnerabilidad por ingresos, es decir, aunque no necesariamente carecen de acceso a servicios básicos (como educación, salud, vivienda), tienen ingresos inferiores al umbral de la línea de bienestar.
Ante este panorama, la migración interna se ha convertido en una huida desesperada. Miles abandonan Sinaloa buscando refugio en estados con relativa estabilidad, como Quintana Roo. Mientras tanto, el gobierno responde con más militarización, una estrategia que, lejos de resolver la crisis, ha alimentado la tensión social y el colapso institucional.
Hoy, Sinaloa es más que la cuna de los capos: es un espejo incómodo del México donde la violencia, la impunidad y el éxodo se están convirtiendo en norma, no en excepción. El Estado de Derecho se desmorona y, con él, la garantía de vivir sin miedo: Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Tabasco enfrentan dinámicas similares, donde el crimen impone reglas, elige autoridades y establece economías paralelas.
A nivel nacional, 63.2% de la población percibe que vive en inseguridad. Uno de cada tres hogares ha sido víctima de robo, extorsión o fraude. Solo en Culiacán, los casos de extorsión crecieron 300% en apenas un mes, en un contexto donde 90.8% de sus habitantes se siente inseguro, la cifra más alta del país, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
Según el más reciente informe del Banco Mundial, México ocupa el tercer lugar mundial en índice de crimen organizado por factores como control territorial, gobernanza criminal, extorsión y captura del Estado —definida esta como la manipulación de las instituciones estatales para obtener beneficios ilegítimos—, solo por debajo de Myanmar y Colombia.
Sinaloa: la violencia que destruye la economía
La violencia en Sinaloa ha dejado más que víctimas mortales y familias desplazadas: ha provocado un daño económico profundo y silencioso. De acuerdo con Coparmex, al menos 25,000 empleos —formales, informales y temporales— se han perdido como consecuencia directa de la inseguridad. Esta cifra equivale a la población total de las ciudades de Kantunilkín y José María Morelos, en Quintana Roo, lo que ilustra la magnitud del deterioro.
El impacto económico supera los 18 mil millones de pesos, afectando sectores clave como la agricultura, el comercio y los servicios. La violencia ha generado un entorno donde abrir un negocio o generar empleo se ha vuelto una actividad de alto riesgo. La inversión se retrae, los empresarios migran y las comunidades se vacían.
El daño social es igual de profundo. Casi 40% de la población sinaloense vive con al menos una carencia social y cerca de 4% está en situación de vulnerabilidad por ingresos. Las principales afectaciones son el acceso limitado a seguridad social, los servicios básicos deficientes y el rezago educativo.
Ante este escenario, la migración interna se ha vuelto una estrategia de supervivencia. Familias enteras se trasladan a estados más seguros como Quintana Roo, en busca de empleo y estabilidad. Es un desplazamiento silencioso, pero sostenido, que está redibujando el mapa del país.
Sinaloa no solo pierde seguridad: pierde empleo, inversión y, sobre todo, a su gente.
Coparmex emite alerta nacional por inseguridad
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó una alerta nacional por el alarmante deterioro de la seguridad pública en México, señalando a Culiacán, Sinaloa, como uno de los puntos más críticos. La organización advirtió que la creciente violencia y la expansión de delitos como la extorsión están asfixiando a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas (MiPyMEs), comprometiendo seriamente el desarrollo económico y social de la región.
En un comunicado firmado por Jorge Peñuñuri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de Coparmex, se destaca que el delito de extorsión alcanzó cifras históricas durante el primer semestre de 2025, con 5,887 víctimas registradas a nivel nacional. Esta cifra representa un aumento del 6.9% con respecto a 2024 y un preocupante incremento acumulado del 83% en la última década. En Culiacán, el fenómeno se ha intensificado de manera alarmante: tan solo en junio se reportaron 56 víctimas, lo que equivale a un aumento mensual del 300%. Según Coparmex, este delito impone cargas económicas ilegales a los negocios, paraliza operaciones y genera un clima de miedo entre empresarios y emprendedores.
La violencia homicida tampoco da tregua en el estado. En junio de 2025, Culiacán registró 212 asesinatos, lo que convirtió a Sinaloa en el estado más violento del país durante ese mes. En el acumulado semestral, el número de homicidios pasó de 278 a 913, un aumento del 260.9%. Martha Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa, señaló que esta escalada de violencia no puede seguir siendo ignorada y que, sin seguridad, no hay condiciones para inversión, empleo ni futuro.
Además del impacto humano y social, Coparmex enfatizó el daño económico a sectores productivos clave. El estado, uno de los mayores productores agrícolas del país, ha visto afectadas actividades como la producción de tomate, chile, maíz y frijol, pilares del campo sinaloense. Asimismo, el sector pesquero —especialmente en costas como Mazatlán y Topolobampo— ha resentido la presión del crimen organizado, que impone cobros ilegales y amenazas a pescadores y comercializadores de mariscos y camarón, otro producto emblemático de la región.
Ante este panorama, Coparmex propuso medidas urgentes: la aprobación inmediata de la Ley General de Extorsión, la creación de Unidades Antiextorsión especializadas, la recuperación del presupuesto en seguridad —que en 2025 se redujo de 0.7% a 0.5% del PIB estatal— y el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia anónima, especialmente a través de la línea 089. La organización empresarial alertó sobre la gravedad de que 96.7% de los casos de extorsión no se denuncien, reflejo de una profunda desconfianza ciudadana hacia las autoridades.
Peñuñuri cerró el comunicado con un llamado a los tres niveles de gobierno: “No podemos permitir que el miedo siga ganando terreno. Sin seguridad no hay inversión, no hay empleo y no hay futuro. Culiacán es hoy un reflejo del abandono institucional que enfrenta gran parte del país. Urge actuar con firmeza, coordinación y responsabilidad”.
Del Estado ausente al narcoestado
El dominio del narcotráfico en regiones como Culiacán no es un hecho aislado ni reciente, sino resultado de décadas de abandono institucional, corrupción estructural y complicidades políticas. En algunos casos, todo comenzó como movimientos de autodefensa o luchas guerrilleras —como en los estados de Guerrero o Michoacán— que terminaron degenerando en organizaciones criminales una vez que hubo dinero de por medio.
Muchas de estas agrupaciones, al perder su propósito original, se transformaron en brazos del narcotráfico. Mientras tanto, los distintos gobiernos han sido parte del problema: el PRI lo permitió por omisión, el PAN lo dejó crecer y Morena, en algunos casos, lo ha protegido. Las policías municipales y estatales están infiltradas; hay agentes que responden directamente al crimen organizado, mientras la Guardia Nacional muchas veces observa sin intervenir.
Lo más grave es que el Estado de Derecho —la garantía de que las leyes se aplican de forma justa y universal— ha sido desplazado por completo en amplias regiones del país. Lo que ocurre en Culiacán es comparable con Michoacán, donde las autodefensas están infiltradas, o Guerrero, donde las policías comunitarias han sido capturadas por bandas armadas.
En muchos municipios, la autoridad legítima está ausente o subordinada, y la población no acude a las instituciones porque sabe que están cooptadas o vacías. La impunidad es la norma: el porcentaje de delitos resueltos es irrisorio y los criminales operan con total libertad.
Esta situación ha erosionado también la gobernabilidad, entendida como la capacidad del Estado para ejercer control efectivo sobre su territorio y responder a las necesidades de su población. Hoy, el crimen organizado no solo domina territorios: impone candidatos, financia campañas y convierte gobiernos locales en extensiones de sus operaciones.
Esto ocurre no solo en Sinaloa —cuna histórica del narcotráfico desde los años setenta con figuras como Caro Quintero—, sino también en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Zacatecas, Guanajuato, Morelos y varios estados fronterizos. La transformación de las variables del conflicto deja claro que México ya no enfrenta solo un problema de seguridad: enfrenta la fractura del Estado mismo.
Culiacán encabeza lista de percepción de inseguridad
De acuerdo con el portal Fábrica de Periodismo, las cifras sobre percepción ciudadana en 91 ciudades del país resultan alarmantes. Basadas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI correspondiente al segundo trimestre de 2025, revelan que la percepción de inseguridad en México continúa siendo alta: 68.5% de las mujeres y 56.7% de los hombres consideran inseguro vivir en sus ciudades.
Los delitos más reportados por los encuestados incluyen robos, asaltos, narcomenudeo y disparos con armas de fuego. Un 35% de los participantes ha estado involucrado en enfrentamientos o altercados, y 42.7% ha modificado sus rutinas por temor a ser víctima de algún delito.
La encuesta también evidencia una profunda desconfianza hacia las autoridades: casi la mitad de los encuestados (45%) afirmó haber sido víctima de actos de corrupción por parte de cuerpos policiales locales, cuya efectividad es percibida como baja.
Entre las 91 ciudades evaluadas, Culiacán encabeza la lista con el mayor porcentaje de percepción de inseguridad (90.8%), seguida de Ecatepec de Morelos (90.7%), Uruapan (89.5%), Tapachula (88.1%) y Ciudad Obregón (88.0%). En contraste, las urbes con menor percepción de inseguridad son San Pedro Garza García (11%), Piedras Negras (16.9%), la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México (22%), Saltillo (23.5%) y Puerto Vallarta (27.3%).
El caso de Culiacán destaca por el conflicto entre facciones del crimen organizado, agudizado tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y la colaboración de los hermanos Guzmán López con autoridades estadounidenses. Esto ha provocado una ola de violencia con cientos de muertos y desaparecidos que mantiene en estado de sitio a la ciudad, reflejando un entorno donde el temor y la desprotección son parte del día a día para millones de mexicanos.
En México, siete de las diez ciudades más peligrosas del mundo
Un reportaje publicado por el diario El País afirma que México alberga siete de las diez ciudades más peligrosas a nivel mundial, de acuerdo con el informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Esta lista se elabora con base en la tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes.
Puerto Príncipe, Haití, encabeza el ranking con 139.31 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Le siguen varias ciudades mexicanas: Colima, Acapulco, Manzanillo, Ciudad Obregón, Tijuana y, ahora, Culiacán, que ya figura entre las más violentas. En los puestos ocho y nueve aparecen Celaya y Zamora, completando un total de 20 urbes mexicanas dentro de las 50 más violentas del mundo.
En 2024, México cerró con 30,057 homicidios dolosos, un aumento del 1.2% respecto a 2023, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Colima se mantiene como una de las ciudades más peligrosas, con una tasa de 126.95 homicidios por cada 100,000 habitantes.
El informe señala que México concentra cerca del 40% de los homicidios de estas 50 ciudades, a pesar de representar menos del 1% de la población mundial. Este análisis aún no refleja el impacto total de los recientes brotes de violencia ni los conflictos internacionales.
El crimen que gobierna
Las líneas que separaban al crimen organizado del poder político en México ya no existen. Han sido sustituidas por alianzas funcionales, pactos de impunidad y estructuras de co-gobierno que han permitido a los cárteles infiltrarse, financiar y controlar desde campañas locales hasta gabinetes estatales completos. Hoy, más que un Estado fallido, México enfrenta un Estado capturado.
Lo que comenzó como corrupción tolerada se transformó en simbiosis institucional. No se trata de un político aislado recibiendo sobres de dinero; lo que se ha construido es un modelo de gobernanza compartida entre grupos criminales y funcionarios públicos. Las organizaciones delictivas no solo financian campañas: designan candidatos, colocan jefes policiacos, dictan decisiones presupuestales y reparten contratos de obra pública. En muchos casos, su poder supera al del propio gobierno.
En Quintana Roo, durante la administración de Carlos Joaquín González (2016-2022), el entonces secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, habría permitido —según diversas investigaciones y testimonios— el ingreso del grupo criminal “Los Rojos” a zonas turísticas clave. Este grupo encontró protección institucional y acceso a negocios como el cobro de piso y la extorsión hotelera.
Otro de los casos más representativos ocurrió en 2009, cuando el entonces director de la Policía Municipal de Cancún, Francisco “El Vikingo” Delgado, fue detenido tras el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, recién asignado para limpiar la corporación policial; presuntamente, Delgado protegía a Los Zetas, quienes en ese momento controlaban la plaza, aunque obtuvo sentencia absolutoria y fue liberado en 2021. El general Tello fue torturado y ejecutado apenas 24 horas después de haber llegado a Cancún. El mensaje fue inequívoco: el crimen tenía el control total del aparato de seguridad, con apoyo institucional.
En Tabasco, otro caso sacude México: durante el mandato de Adán Augusto López, hoy senador de la República, el aparato de seguridad estatal habría sido entregado por el exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, al grupo criminal La Barredora. Bermúdez, actualmente prófugo, permitió —según denuncias— que la estructura de seguridad estatal protegiera a este grupo, lo que consolidó su poder sobre rutas estratégicas y operaciones ilegales. La omisión deliberada desde el gobierno estatal fue clave para su expansión.
Visas canceladas exponen complicidad con el narco
El retiro de visas estadounidenses a funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico ya no es una advertencia aislada: es un mensaje contundente de Washington ante una corrupción que el propio Estado mexicano parece tolerar. Gobernadores, alcaldes e incluso legisladores han perdido el acceso a Estados Unidos—aunque el gobierno federal insiste en negarlo—, no por sanciones formales, sino por una decisión diplomática que refleja la gravedad del problema: el crimen organizado ya no solo opera en los márgenes del sistema, sino que lo habita. Entre algunos casos confirmados se encuentran Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California y su esposo Carlos Torres; Óscar Eduardo Castro, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora; Alberto Granados Favila, alcalde de Matamoros, Tamaulipas; y extraoficialmente se encuentra el nombre del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aunque su vocero negó que haya sido notificado oficialmente.
En estados como Guerrero, Zacatecas, Michoacán o Sonora, la violencia no se entiende sin la complicidad de las autoridades. En Guerrero, por ejemplo, grupos como Los Ardillos y Los Tlacos imponen su ley mientras alcaldes son ejecutados o colaboran como operadores políticos del narco. En Zacatecas, los enfrentamientos entre cárteles ocurren a plena luz del día en rutas estratégicas que solo pueden mantenerse con la anuencia de los gobiernos estatal y municipal.
La corrupción se ha institucionalizado. El crimen organizado no solo controla territorios, también ha penetrado en la economía formal. A través de constructoras, inmobiliarias y empresas fachada, blanquea capitales y obtiene contratos públicos. Ya no entran por la puerta trasera: hoy, el narco firma convenios y negocia con el Estado.
Incluso en la capital del país, la infiltración es reconocida. Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana, admitió públicamente la existencia de órdenes de aprehensión congeladas contra políticos y funcionarios coludidos con el crimen. Procesarlos, advirtió, implicaría derrumbar parte del andamiaje político nacional. Por eso prefieren callar.
La estrategia de “abrazos, no balazos” ha sido interpretada como una política de no intervención que, en los hechos, se traduce en permisividad. No enfrentar al narco ha significado dejarle las llaves del poder. Hoy, el crimen organizado no solo convive con las instituciones: las financia, las infiltra y las manipula.
La vieja máxima de “plata o plomo” sigue vigente. La diferencia es que ahora se aplica en oficinas públicas. Mientras México guarda silencio institucional, Estados Unidos ha empezado a reaccionar. El retiro de visas no es simbólico: es una forma de marcar distancia y ejercer presión diplomática frente a un Estado que, para muchos, ya no combate al narco, sino que negocia con él.
La corrupción no se limita al narcotráfico. El crimen económico también ha prosperado bajo protección oficial. En estados como Puebla, Hidalgo y Guanajuato, el huachicoleo se convirtió en parte del ingreso político. Presidentes municipales, mandos medios de Pemex e incluso legisladores han sido señalados por facilitar este negocio a cambio de “aportaciones”.
Hoy el poder en México está parcelado. Las campañas políticas son financiadas por el narco, las obras públicas construidas por sus operadores, los territorios se reparten entre cárteles y los votos se compran con dinero manchado de sangre. No se puede hablar de democracia cuando el que manda no es quien gana las elecciones, sino quien paga las balas.
Gobiernos infiltrados
En México, la creciente influencia del crimen organizado en los gobiernos municipales ha derivado en acuerdos de facto para gobernar o co-gobernar ciertos territorios, lo que ha erosionado la autonomía y la seguridad local. Para enfrentar esta realidad, las autoridades federales lanzaron el Operativo Enjambre, una estrategia enfocada en desmantelar las redes de complicidad entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.
Este operativo surgió como respuesta al incremento sostenido de la violencia, la impunidad y la corrupción que permitían al crimen organizado operar con protección desde algunas administraciones municipales. El principal objetivo fue romper estos vínculos ilícitos y restablecer el Estado de Derecho en regiones afectadas.
Durante su despliegue se lograron detenciones significativas, incluyendo presidentes municipales y diversos funcionarios implicados en actividades delictivas. Estas acciones evidenciaron la profundidad de la infiltración criminal en la política local y permitieron desarticular redes de protección que favorecían la impunidad.
El operativo tuvo alcance en diversas zonas del país con alta incidencia delictiva, destacando municipios de Sinaloa, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Chihuahua. Sin embargo, no se aplicó en la Ciudad de México, a pesar de que en la capital operan células activas de grupos criminales en zonas como Tepito y Tlalpan. Esta omisión ha generado cuestionamientos sobre el alcance y la estrategia federal.
En las regiones donde sí se implementó, la acción buscó recuperar el control legítimo y fortalecer la seguridad ciudadana frente a las complejas dinámicas del crimen organizado. El Operativo Enjambre dejó en claro la magnitud de la colusión entre autoridades locales y grupos criminales, y evidenció la urgencia de reforzar las instituciones para garantizar un gobierno verdaderamente democrático y seguro.
*****
La crisis que hoy vive Sinaloa y buena parte de México no solo exhibe el poder del crimen organizado y la fragilidad institucional: es una advertencia para el resto del país y también una lección que debe obligar a repensar las políticas públicas de seguridad, justicia y desarrollo social. La reconstrucción del tejido comunitario, el fortalecimiento institucional y la coordinación efectiva entre gobiernos es un paso imprescindible. Aprender de este escenario exige una visión de largo plazo: significa reconocer los errores que lo permitieron y asumir el compromiso colectivo de construir entornos donde la ley vuelva a tener sentido y el miedo deje de dictar la vida cotidiana.
Esta realidad amenaza con impactar seriamente a la industria turística, que hoy se perfila como el principal generador de divisas, incluso por encima del petróleo y las remesas. Quintana Roo, que depende de esta actividad, requiere de estabilidad y la construcción de la paz en México para sostener su desarrollo, por lo que combatir con mayor firmeza y eficacia este flagelo es indispensable para proteger también el futuro económico del país.
*****
Mapa de la inseguridad en México: radiografía por zonas
Aunque Culiacán, en Sinaloa, es uno de los focos más visibles, el control del crimen organizado se ha expandido a todo el país. A continuación, un desglose regional con los conflictos clave en cada zona:
Noroeste
Estados: Sinaloa, Sonora, Baja California
Conflictos: Violencia urbana, tráfico de drogas, cobro de piso, desplazamientos forzados, migración ilegal y trata de personas.
Productos en disputa: Narcotráfico, extorsión a pescadores, contrabando.
Drogas predominantes: Metanfetamina, fentanilo y marihuana.
Problemas por estado fronterizo:
Sonora: Rutas de fentanilo y armas; enfrentamientos entre cárteles por el control de la frontera con Arizona.
Baja California: Tijuana, epicentro de ejecuciones vinculadas al microtráfico y pugnas entre cárteles; presencia de laboratorios clandestinos.
Occidente
Estados: Jalisco, Michoacán, Colima
Conflictos: Presencia dominante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); enfrentamientos armados y uso de drones explosivos.
Cobro de piso: Agricultores y comerciantes.
Productos clave: Aguacate, limón, tomate y minería (oro, plata, zinc, hierro, especialmente en Michoacán).
Drogas predominantes: Producción y tráfico de metanfetaminas y cocaína.
Noreste
Estados: Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas
Conflictos: Desapariciones y ejecuciones; control de rutas migrantes; disputas entre varios cárteles.
Infraestructura estratégica: Puertos clave como Altamira y Tampico; aduanas y cruces fronterizos.
Drogas: Tráfico mixto de fentanilo, heroína y cocaína.
Problemas por estado fronterizo:
Tamaulipas: Militares contra cárteles; control de cruces ilegales y puertos marítimos.
Nuevo León: Expansión del crimen organizado en áreas metropolitanas y extorsión al transporte de carga.
Sur y Sureste
Estados: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo
Conflictos: Huachicoleo, narcomenudeo, control territorial; extorsión a ganaderos y violencia rural.
Tráfico de migrantes: Frontera sur.
Drogas destacadas: Opioides (Guerrero); precursores químicos en puertos del Golfo.
Centro y Ciudad de México
Estados: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo
Conflictos: Expansión silenciosa del narcotráfico; extorsión al comercio informal y ambulantaje; corrupción policiaca.
Zonas clave:
Tepito: Base histórica de cárteles locales.
Central de Abastos: Punto estratégico de distribución.
Cárteles de Tlalpan y grupos de narcomenudeo: Operan en el sur de la capital.
Economía informal: Comercio de fayuca (legal e ilegal) y productos de procedencia china.