A pocas horas de su aprobación en San Lázaro por diputados de Morena, aliados y MC, los congresos estatales iniciaron desde la madrugada a avalar la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum
REDACCIÓN
MÉXICO.- La ratificación del Plan B electoral comenzó de forma inmediata en los congresos estatales, que desde la madrugada del jueves instalaron sesiones para discutir la minuta enviada por el Congreso de la Unión, en una ruta acelerada para reunir las al menos 17 aprobaciones necesarias.
El primer aval se concretó en Tabasco, donde el congreso local retomó la sesión iniciada la tarde previa y aprobó la reforma alrededor de las 3 de la madrugada con 29 votos a favor y uno en contra. La única oposición fue del diputado del PRI, Fabián Granier Calles. La discusión se mantuvo en receso durante varias horas mientras se esperaba la llegada del dictamen federal, tras un debate de más de 16 horas en la Cámara de Diputados.
En Quintana Roo, la minuta fue aprobada con 20 votos a favor y cuatro en contra. El diputado José Luis Pech Várguez, de Movimiento Ciudadano, votó en contra —a pesar del aval de su partido a nivel nacional en la Cámara de Diputados— y sostuvo en tribuna que el Plan B “no representa una transformación electoral”, sino ajustes administrativos y presupuestales. También señaló que el dictamen no incorpora medidas para frenar la intervención del crimen organizado en procesos electorales ni regula el uso de recursos públicos con fines políticos.
En contraste, legisladores de Morena y sus aliados defendieron que la reforma permitirá reducir costos en congresos locales y ayuntamientos, así como destinar ahorros a infraestructura municipal.
Entre los cambios aprobados se encuentra el establecimiento de un límite al presupuesto de los congresos estatales, que no podrá superar el 0.70 % del gasto total de cada entidad.
El decreto también modifica la integración de los ayuntamientos —con presidencias municipales, sindicaturas y hasta quince regidurías— e incorpora la obligación de garantizar paridad de género en cargos municipales y legislativos, además de ajustar las remuneraciones de funcionarios electorales a los topes constitucionales.
El proyecto aprobado ya no incorporó la propuesta original de empatar la revocación de mandato presidencial con las elecciones de 2027, pues esa disposición fue eliminada por el Senado al revisar la nueva iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.