Comunidades denuncian daños ambientales y sociales provocados por proyectos mineros vinculados al Tren Maya, mientras enfrentan hostigamiento y procesos legales que buscan frenar su defensa del territorio
Cinco pueblos mayas de Yucatán —San José Tzal, Petecbiltun, Hotzuc, Texán Cámara y Tebec— se unieron para denunciar la violación sistemática de sus derechos al territorio frente a proyectos mineros que operan en la región. A través del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C., los representantes de estas comunidades presentaron una solicitud formal a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del estado, demandando la negación del permiso 049/2025 para el proyecto denominado “Banco de materiales” PROSER-agregados, informó el portal Haz Ruido.
El proyecto, que incluye un banco de materiales para explotación de estrato seco, planta trituradora y asfalto, se pretende localizar dentro del Ejido de San José Tzal, aunque su área de impacto alcanza también a Xtepén, Molas, Petac y San Antonio Tzacalá.
Esta acción se suma a la lucha de los habitantes de Xcucul Sur, municipio de Umán, quienes desde hace meses han denunciado los impactos de un banco de extracción de materiales promovido por la empresa PROSER S.A. de C.V.
La comunidad asegura que la actividad ha dañado viviendas, afectado la salud y deteriorado el entorno ambiental, mientras se incumplen las medidas establecidas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), como informó El Despertador de Yucatán.
Entre las irregularidades señaladas se encuentra la utilización de explosivos a menos de 100 metros de viviendas, pese a que la MIA prohibía detonaciones, lo que provocó daños estructurales en techos, cimientos y paredes.
De acuerdo con Utsil Kuxtal, la extracción de materiales pétreos en la península ha experimentado una expansión sin precedentes debido a la demanda impulsada por megaproyectos como el Tren Maya. Empresas mineras han obtenido permisos de autoridades federales, estatales y municipales para modificar el uso de suelo o extraer materiales por debajo del nivel freático, causando daños irreversibles al suelo kárstico y poniendo en riesgo los sistemas acuíferos y la estabilidad ecológica de los territorios mayas.
Criminalizan a habitantes de Xcucul Sur
Además de los impactos ambientales, las comunidades denuncian actos de hostigamiento y criminalización. En Xcucul Sur, al menos diez pobladores recibieron citatorios de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, sin que se les especificara quién los denunciaba ni los presuntos delitos. Entre los afectados hay adultos mayores que han encabezado la oposición al banco de materiales del Grupo Zamudio, que opera actualmente de manera irregular, incumpliendo clausuras de la PROFEPA, SDS y SEDENA.
Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Utsil Kuxtal, explicó que la criminalización busca desarticular la lucha comunitaria mediante la presión legal y el desgaste psicológico, afectando a quienes defienden los derechos de la comunidad. Los citatorios, en su mayoría emitidos a mayahablantes, han requerido la presencia de traductor, y algunas audiencias se han pospuesto por esta razón.
Las comunidades también han denunciado la falta de transparencia en la adquisición de los terrenos. En Xcucul Sur, la sascabera fue obtenida mediante una asamblea ejidal a puertas cerradas, sin el consentimiento de la mayoría de los pobladores ni la publicación del acta correspondiente. Aun así, la explotación minera ha continuado, afectando la vida comunitaria, la salud de los habitantes y el patrimonio cultural y ambiental de la región.
El Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal solicita a la SDS y al Gobierno de Yucatán que inicien procedimientos de inspección y clausura de actividades ilegales, detengan las obras y reparen el daño causado. También piden la negación del permiso 049/2025 y el respeto a la libre determinación de los pueblos mayas, conforme al Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú y la Constitución mexicana.
La criminalización y los conflictos generados por la minería reflejan un patrón regional, donde las comunidades mayas enfrentan simultáneamente la explotación de recursos naturales y la represión institucional. Utsil Kuxtal ha informado sobre estas situaciones a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y la Clínica de Derechos Humanos de la Ibero Puebla, para visibilizar la violación de derechos colectivos y ambientales que afecta a la península de Yucatán.
El caso de Xcucul Sur evidencia que la expansión minera no solo amenaza el medio ambiente y la salud de los habitantes, sino que también genera un entorno de miedo y vulnerabilidad legal, consolidando un modelo extractivo que privilegia intereses empresariales sobre derechos humanos y sostenibilidad territorial. (Con información de HazRuido,mx / Grieta.org)
