Con carencias estructurales en hospitales y centros de salud, deterioro y desabasto de medicamentos, la crisis de salud es un desafío que afecta a todo México; en Quintana Roo, la gobernadora ha reiterado su compromiso de atender la situación, para revertir el rezago y garantizar un servicio eficiente para la población
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO
En México, el sistema público de salud atraviesa una de sus peores crisis en décadas. Lo que en teoría debería garantizar atención médica universal y gratuita se ha convertido en un rompecabezas de carencias: hospitales sin medicamentos ni personal suficiente, áreas de urgencias deterioradas, pacientes que esperan semanas para ser atendidos y ausencia de protocolos frente a enfermedades emergentes.
Desde 2024, con la incorporación de los hospitales generales al esquema IMSS-Bienestar, la promesa de mejorar la atención se transformó en una pesada carga para millones de mexicanos sin seguridad social. Médicos y pacientes enfrentan el desabasto de insumos y una burocracia que, lejos de ofrecer soluciones, ha agravado los problemas. Mientras en el discurso oficial se presume un sistema comparable al de Dinamarca, en la vida diaria las familias se encuentran con un panorama más cercano al abandono.
En Quintana Roo, esta crisis se refleja con crudeza en el Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez”. Un recorrido realizado por el equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo el pasado 25 de agosto, cuando se comenzó a trabajar este reportaje, permitió constatar la realidad que viven cientos de familias cada día.
Un caso particularmente grave es el de una familia cuyo bebé de cuatro meses, KJPH, ingresó por un cuadro de deshidratación y fue sometida a procedimientos invasivos que le provocaron quemaduras, laceraciones y, finalmente, la amputación de su mano derecha. Sus padres exigen justicia por la negligencia médica que marcó de manera irreversible la corta vida de su hija. Ya han presentado las denuncias correspondientes.
En el área de urgencias, los baños no funcionan y los aires acondicionados de la sala de espera están fuera de servicio, lo que obliga a los pacientes y familiares a permanecer fuera de las instalaciones.
La morgue fue reparada gracias a los esfuerzos institucionales de la actual administración estatal, según confirmó un enfermero del hospital. Sin embargo, la caja frigorífica de un tráiler que el gobierno de Carlos Joaquín González utilizó para almacenar cuerpos de personas fallecidas por COVID-19 permanece descompuesta en el mismo patio, detrás de urgencias, como un símbolo del colapso institucional.
En los Centros de Salud Urbanos adscritos al IMSS-Bienestar —destinados a ofrecer atención médica y medicamentos gratuitos a la población que no tiene ningún tipo de seguridad social— persisten carencias. En el número 10 de la región 219, por ejemplo, trabajadores cerraron en protesta porque los baños estaban inservibles.
En las clínicas del IMSS —que atienden a trabajadores afiliados que cuentan con seguridad social y sus familias— las historias se repiten: madres que recorren farmacias buscando medicamentos que el hospital no suministra; adultos mayores que regresan a casa sin recibir atención por falta de especialistas; jóvenes diagnosticados con VIH o cáncer que enfrentan un muro de burocracia que retrasa la entrega de medicamentos que, aunque existen, están mal distribuidos.
Con el fin de dar a conocer la postura oficial ante esta problemática, el Equipo de Investigación El Despertador de Quintana Roo solicitó entrevistas con el titular de la Secretaría Estatal de Salud (SESA), Flavio Carlos Rosado, y con el director del hospital, Miguel García Albarrán. Ninguno respondió. El área de prensa de la dependencia ofreció más obstáculos que facilidades para posibilitar que los ciudadanos sepan, de viva voz, lo que las autoridades tienen que decir sobre la situación de la salud en el estado.
Este silencio institucional contrasta con las voces de pacientes y trabajadores que cada día enfrentan el colapso del sistema sanitario.
La crisis no se limita a Cancún: en Cozumel, Holbox e Isla Mujeres no existen ambulancias marítimas para el traslado de pacientes en casos de emergencia. El gobierno anterior, encabezado por Carlos Joaquín González, dejó que se echaran a perder y nunca fueron repuestas.
Lo más preocupante es que, aunque la gobernadora Mara Lezama ha mostrado voluntad y ha girado instrucciones reiteradas para que el tema de salud sea atendido de manera prioritaria, es probable que los reportes que recibe de los funcionarios responsables no correspondan a la realidad.
Denuncian negligencia en el Hospital General de Cancún
El 20 de agosto parecía un día cualquiera en Cancún, hasta que la salud de la pequeña K.J.P.H., de apenas cuatro meses, se complicó. Fiebre, diarrea y vómitos encendieron las alarmas en su familia. Un pediatra particular les recomendó mantenerla hidratada y aplicarle suero, pero ante la persistencia de los síntomas decidieron trasladarla al Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, convencidos de que allí recibiría la atención necesaria.
Lo que esperaban fuera un tratamiento simple para estabilizarla se transformó, según denuncian sus padres, en una pesadilla. Apenas ingresó, la bebé fue internada en el área de urgencias y sometida a estudios, extracciones de sangre y procedimientos que, aseguran, nunca les consultaron. Pese a que su cuadro inicial era de deshidratación, la menor fue sedada, intubada y conectada a una sonda nasal. “La trataron como si estuviera en estado vegetativo”, relatan en su denuncia.
Con el paso de los días, la salud de la niña no mejoraba; por el contrario, comenzaron a aparecer hematomas y laceraciones en sus brazos y pies, así como quemaduras de tercer grado cuya causa no fue explicada. Cada intento de los padres por obtener información derivaba en evasivas. Incluso, aseguran, fueron amenazados: si insistían en trasladar a su hija a otro hospital, el caso sería notificado al DIF para quitarles la custodia.
El 27 de agosto, tras retirarle la sedación y los aparatos que la mantenían conectada, la magnitud de las lesiones quedó expuesta. Los médicos informaron a los padres que los daños eran irreversibles: la mano derecha de su hija tendría que ser amputada.
En la denuncia presentada ante la Unidad de Atención Temprana, los padres responsabilizan a los médicos Eduardo, Mariana y Amanda Karina por las intervenciones realizadas y por la falta de claridad en la atención. Aseguran contar con fotografías y documentos que prueban lo ocurrido.
Hoy, la familia de K.J.P.H. enfrenta una realidad marcada por el dolor y la impotencia. Lo que comenzó como una consulta por fiebre y deshidratación terminó en una tragedia que acompañará de por vida a la pequeña.
“Entró en nuestros brazos —dicen con la voz quebrada— y ahora nos devuelven una hija mutilada. No queremos venganza, queremos justicia”.
Al cierre de la edición de este reportaje, la tarde del sábado 30 de agosto, los familiares de la bebé compartieron que su estado de salud estaba decayendo tras la amputación de su manita, pues “ahora la otra se está poniendo morada y los doctores ya se quieren deslindar de ella”.
Instalaciones del “Jesús Kumate”, reflejo del colapso
Considerado en teoría la principal institución pública de atención médica de Quintana Roo, el Hospital General de Cancún enfrenta una crisis que ejemplifica las carencias del sistema de salud en México. Lo que debería ser un espacio de atención digna y oportuna para más de un millón de habitantes, además de pacientes de municipios vecinos como Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Playa del Carmen —donde los servicios también son limitados—, se sostiene hoy en medio de instalaciones deterioradas, servicios irregulares y saturación constante.
Por ejemplo, los aires acondicionados de la sala de espera no funcionan y el lugar no ofrece condiciones mínimas de confort, obligando a las familias a buscar sombra en los pocos árboles del estacionamiento o junto a los puestos de vendedores ambulantes que se han adueñado de espacios públicos.
Los baños permanecen inoperables: solo funciona a medias el de caballeros, que debe ser compartido con mujeres de manera antihigiénica. De cuatro tazas, únicamente dos están en servicio, y los mingitorios están cubiertos con bolsas negras de basura.
Durante los fines de semana la presión se intensifica con la llegada de pacientes baleados, acuchillados o accidentados, mientras el personal, reducido y agotado, lucha por atender cada caso.
La escasez de especialistas agrava el panorama: internistas, oncólogos y psiquiatras son insuficientes, y la infraestructura para la atención de salud mental prácticamente no existe, pese a la creciente demanda tras la pandemia.
Los números reflejan la magnitud del problema: la ciudad, con más de un millón de habitantes permanentes y millones de turistas al año, cuenta con apenas 180 camas censables, menos de 0.2 camas por cada mil habitantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 3 y 5 camas por cada mil habitantes, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que la ocupación hospitalaria en países desarrollados promedia 69.8%, con naciones como Irlanda, Israel y Canadá superando el 85%.
La gobernadora del estado ha reconocido la urgencia de mejorar la salud pública; sin embargo, quienes deberían ejecutar las acciones no solo incumplen las indicaciones, sino que parecen seguir alineados con gobiernos anteriores, que proclamaban una “bandera blanca” en salud solo de fachada, en un mero cumplimiento de protocolos mientras la realidad era incluso más grave que la actual.
Acceso a la salud: desafíos y alternativas emergentes
En México, el acceso a los servicios de salud pública enfrenta desafíos significativos debido a la insuficiencia de recursos, la saturación hospitalaria y la falta de infraestructura adecuada. En 2025, el presupuesto federal destinado al sector salud se redujo a 881 mil millones de pesos, lo que representa una disminución del 12.2% respecto al año anterior.
Esta reducción ha ampliado la brecha hacia la cobertura universal sanitaria, que requeriría al menos 3.5 puntos adicionales del Producto Interno Bruto (PIB) para hacerse realidad.
En Cancún operan 16 Centros de Salud Urbanos (CSU) adheridos al IMSS-Bienestar, donde la atención depende de que el ciudadano cumpla con ciertos requisitos: presentar CURP, INE, cartilla de salud o comprobante de domicilio no mayor a tres meses, además de llegar temprano para alcanzar ficha y esperar que el médico haya acudido a trabajar.
Ante estas limitaciones, muchos ciudadanos recurren a alternativas privadas de bajo costo, como los consultorios de farmacias y centros de orientación médica adyacentes a comercios farmacéuticos. Estos ofrecen consultas a precios accesibles, que oscilan entre 50 y 100 pesos, lo que los convierte en una opción viable para quienes no pueden pagar atención de médicos particulares.
En este contexto, iniciativas como Salud Digna se han posicionado como alternativas para estudios de laboratorio, imagenología y otros servicios médicos a precios accesibles. Esta organización ofrece más de mil pruebas con tiempos de espera reducidos y promociones en línea, como 15% de descuento en ultrasonidos y 10% en otros servicios, lo que facilita el acceso a diagnósticos oportunos.
Mientras tanto, el gobierno federal continúa priorizando megaproyectos de infraestructura, como la construcción de aeropuertos y el desarrollo de zonas turísticas —por ejemplo, el Parque Jaguar en Tulum—, decisiones que, aunque son importantes para el desarrollo económico, han generado cuestionamientos sobre la asignación de recursos en detrimento de necesidades sociales urgentes como la mejora del sistema de salud pública.
El drama humano tras las cifras del IMSS-Bienestar
Las estadísticas oficiales reportan camas ocupadas, hospitalizaciones y medicamentos entregados; sin embargo, detrás de cada número hay un rostro y una historia de angustia y resistencia. En Quintana Roo, las familias que dependen del sistema público de salud enfrentan realidades que desentonan con el discurso de un país que pretendía compararse con los sistemas de atención médica de países nórdicos.
Madres reciben la instrucción de “comprar afuera” los medicamentos que no existen en la farmacia hospitalaria. Pacientes que luchan con diagnósticos oncológicos enfrentan una segunda batalla: la del propio sistema que falla en lo básico. Muchos esperan semanas, incluso meses, para iniciar quimioterapias o radioterapias. La escasez de medicamentos obliga a las familias a adquirirlos en farmacias privadas, donde los precios superan con frecuencia el ingreso mensual.
Desde la desaparición del Seguro Popular —creado durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006), como parte del Programa Nacional de Salud para afiliar a los mexicanos sin seguridad social— y la fallida implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en 2020, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las promesas de cobertura universal se han desdibujado. La llamada “megafarmacia” y la distribución de medicamentos en camionetas a nivel nacional han dejado más huecos que soluciones.
El Equipo de Investigación de El Despertador de Quintana Roo obtuvo testimonios de trabajadores de la SESA quienes aseguran que, de las más de 500 claves de medicamentos del cuadro básico, apenas 173 llegan a los almacenes de Cancún, y de éstas solo se distribuyen alrededor de 50; el resto caduca y termina en la basura.
Trabajadores de salud denuncian corrupción y abandono sindical
En la zona norte de Quintana Roo, trabajadores del sector salud alzaron la voz para denunciar lo que califican como corrupción, abandono y desinterés de su sindicato y de las autoridades de SESA. Señalan al dirigente Barbaciano Sansores Matos por vender plazas, manipular cuotas millonarias y operar en complicidad con el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, a quien consideran un funcionario “de paso” que desconoce la realidad del personal sindicalizado.
De acuerdo con los testimonios, Sansores Matos asigna plazas de forma discrecional: personal recién llegado obtiene base de inmediato, mientras trabajadores con más de una década de servicio permanecen sin estabilidad laboral. “Las plazas se venden, y quien se atreve a reclamar recibe amenazas, porque el sindicato tiene espías para sofocar cualquier movilización”, denunciaron de manera anónima.
Acusan además que ha permanecido más de 12 años como líder sin rendir informes ni transparentar escalafones, e incluso prorrogó su mandato sin convocar elecciones, pese a que los estatutos establecen una renovación de la directiva sindical cada tres años. “Le teme a la base porque sabe que se le exigirán cuentas. Por eso evita asambleas y vive en la impunidad”, señalaron. La Ley Federal del Trabajo exige la celebración de asambleas al menos una vez al año.
Cada trabajador aporta alrededor de 200 pesos mensuales de cuota sindical. Con miles de empleados en todo el estado, esto representa una suma millonaria. “Ese dinero se lo reparten entre Sansores y sus cómplices del sindicato nacional. Mientras tanto, cuando vamos al hospital no hay ni papel de baño. El contraste es insultante”, afirmaron.
También responsabilizan de complicidad al titular de la Secretaría de Salud estatal: “Él solo aparece en eventos oficiales para la foto. Nunca se ha reunido con nosotros ni ha preguntado qué necesitamos. Es un funcionario que en unos años se va, pero deja un sector en crisis”, expresaron.
Un trabajador resumió el sentir colectivo: “Barbaciano es un corrupto que se vendió y abandonó a la base trabajadora. Se enriqueció con nuestras cuotas y no rinde cuentas. Mientras, seguimos sin insumos, sin medicamentos, sin mejoras y con hospitales en ruinas”.
La salud mental: el gran olvido
Otro de los puntos críticos es la atención a la salud mental. No existen instituciones públicas ni medicamentos suficientes para tratar casos de depresión, ansiedad, esquizofrenia, epilepsia, autismo o trastornos de conducta. Los pacientes deben acudir a consultas privadas, trasladarse a otras ciudades o resignarse a no recibir atención. Niños, adolescentes y adultos sufren las consecuencias de este abandono institucional, lo que agrava la carga emocional de sus familias.
La crisis también se refleja en la escasez de médicos. En los Centros de Salud Urbanos y otros hospitales públicos de Quintana Roo faltan internistas, oncólogos, infectólogos y psiquiatras. Los pocos especialistas que hay enfrentan jornadas extenuantes y salarios mixtos —pagados de manera parcial con recursos federales y estatales— que no cubren sus necesidades, lo que provoca alta rotación y constantes retrasos en la atención.
Pacientes con VIH, entre incertidumbre
En Quintana Roo, las personas que viven con VIH enfrentan un escenario marcado más por la desorganización institucional que por el desabasto de medicamentos. De acuerdo con Roberto Guzmán Rodríguez, director de la organización Red Positiva, los antirretrovirales están disponibles en el país, pero la falta de planeación y la logística deficiente en su distribución generan interrupciones en los tratamientos.
“En México sí hay medicamentos, lo que falla es la manera en que se entregan. Muchos pacientes me llaman desesperados porque llevan semanas sin recibirlos, no porque falten en general, sino porque el sistema de reparto no funciona como debería”, señaló Guzmán.
La desorganización se refleja en citas diferidas por meses, retrasos en la entrega y confusión sobre los cambios de tratamiento. Para los pacientes, estos retrasos tienen consecuencias graves, pues la continuidad de la terapia es indispensable para evitar resistencia al virus y complicaciones de salud.
Las cifras oficiales muestran la urgencia de atender el problema. En 2023 la tasa de nuevas infecciones de VIH en Quintana Roo fue de 49.7 por cada 100 mil habitantes, y en 2024 subió a 56.9, una tendencia ascendente que evidencia la falta de control epidemiológico.
Además, el VIH sigue cargando con un fuerte estigma social que obliga a muchas personas a vivir la enfermedad en silencio, con sentimientos de vergüenza y angustia por temor a la discriminación, especialmente hacia la diversidad sexual. Este contexto social limita el acceso a diagnósticos oportunos y a una red de apoyo.
La situación se entrelaza con otras alertas sanitarias, como el mpox, antes denominado “viruela símica” o “viruela del mono”. Aunque la vacuna Jynneos fue autorizada por Cofepris en septiembre de 2024, hasta ahora no se ha adquirido ni aplicado. La campaña nacional de vacunación de 2025 no la incluye en el cuadro básico, y persiste la incertidumbre sobre si se prevé su compra para 2026.
La logística de distribución es otro punto crítico. Actualmente, los medicamentos se concentran en una bodega del IMSS en Chetumal y desde ahí se reparten al resto del estado. Sin embargo, organizaciones han advertido que las unidades de transporte carecen de refrigeración, lo que pone en riesgo la conservación de fármacos sensibles durante los traslados.
En este contexto, más que un desabasto generalizado, lo que viven los pacientes con VIH en Quintana Roo es un problema de organización y logística que los deja atrapados entre citas diferidas, entregas tardías y decisiones burocráticas que comprometen su salud. Cada caso representa un drama humano: la interrupción de un tratamiento, la angustia por la espera y la sensación de que el derecho a la salud se encuentra condicionado por la capacidad de gestión institucional.
Gobierno impulsa proyecto de salud con inversión internacional
Inversionistas de Estados Unidos manifestaron su interés en establecer un centro médico de especialidades en Cancún, que atenderá tanto a pacientes de la Unión Americana como a la población nacional.
La gobernadora Mara Lezama informó sobre este avance tras reunirse con más de 100 inversionistas estadounidenses en la Ciudad de México el pasado 27 de agosto:
“Nos presentaron un proyecto para convertir a Cancún en un hub de salud, que atienda a quintanarroenses, turistas nacionales y residentes de Estados Unidos que han elegido nuestro estado. La propuesta se ubicará en la zona norte de Quintana Roo”.
El proyecto contempla una inversión inicial de entre 35 y 50 millones de dólares e incluye la creación de una universidad de la salud. Se trata de especialistas mexicanos que, tras vivir en Estados Unidos, desean ofrecer servicios de alta calidad desde Cancún. La mandataria destacó que el centro contará con cardiólogos, neurólogos y cirujanos de trauma, quienes brindarán consultas y procedimientos quirúrgicos.
Además, la universidad de la salud buscará formar nuevas generaciones de médicos, enfermeras y enfermeros, respondiendo a la creciente demanda de jóvenes interesados en estudiar medicina en México.
Este anuncio refleja el esfuerzo del gobierno estatal para posicionar a Quintana Roo como un referente de innovación y calidad en el sector salud, fortalecer la atención médica local y atraer inversión internacional.
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En este trabajo periodístico no se pretende minimizar ni contradecir los esfuerzos de la gobernadora, quien ha priorizado la salud como un eje central de su administración y ha destinado recursos importantes para atender este sector. Sin embargo, la mayor fragilidad parece encontrarse en el deslinde de responsabilidades: los encargados de ejecutar las políticas y dar respuesta a las necesidades reales no han estado a la altura de un auténtico gobierno humanista. Así, los problemas heredados del pasado siguen vigentes, afectando directamente a la ciudadanía y poniendo en entredicho los avances que, desde el ámbito gubernamental, se busca consolidar.
De hecho, el propio diputado local Ricardo Velazco, en una reciente entrevista con El Despertador de Quintana Roo, reconoció el esfuerzo de la jefa del Ejecutivo estatal, aunque sostuvo que aún quedan muchos pendientes por atender en materia de salud. Sus declaraciones reflejan que, si bien existen logros visibles, el reto está lejos de superarse y exige mayor compromiso de quienes tienen la responsabilidad de garantizar un sistema digno y eficiente para todos los ciudadanos.