México acumula más de 132 mil personas pendientes de localizar, pero la crisis va más allá de las cifras: vive en expedientes detenidos, bases de datos inconexas, cuerpos sin identificar acumulados en las instalaciones forenses y familias que asumen solas la búsqueda de quienes faltan
SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR
En México hay nombres que no se olvidan: las muertas de Juárez en los años noventa, los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Casos que atravesaron titulares, marchas y discursos oficiales, y que por momentos obligaron al país a mirar de frente una realidad incómoda. Pero incluso esos episodios —los más visibles— son apenas la superficie.
Debajo, hay miles de historias que no llegaron a la noticia. Personas que desaparecieron sin reflectores, sin presión internacional, sin respuestas. Se perdieron en el silencio.
En México, desaparecer es una posibilidad cotidiana. Ocurre en carreteras, en trayectos diarios, rumbo al trabajo o la escuela, en mercados y ciudades de todo el país. Sucede sin previo aviso y, casi siempre, sin consecuencias.
Cada día, cientos de familias enfrentan un vacío sin certezas: sin explicación, sin respuestas, sin cierre.
La desaparición de personas es una de las crisis más profundas del país. No es reciente ni aislada. Es una emergencia sostenida por la violencia, el control territorial y una impunidad que permite que los casos se acumulen sin resolverse. Las cifras oficiales intentan dimensionarla, pero también la fragmentan: registros incompletos, inconsistencias y vacíos de información dibujan un panorama donde miles de personas quedan fuera de toda claridad.
En ese contexto, las alertas han cruzado fronteras. Organismos internacionales han advertido que, por sus patrones, las desapariciones en México podrían constituir delitos de lesa humanidad. El gobierno mexicano ha rechazado estas conclusiones al sostener que no existe una política de desaparición forzada. Entre ambas posturas, la realidad persiste.
Aunque la crisis es nacional, su impacto golpea con mayor fuerza en ciertas regiones. En la Península de Yucatán, Quintana Roo figura entre los estados con mayor incidencia de personas desaparecidas. Detrás de la imagen de paraíso turístico, se despliega otra realidad: expedientes detenidos, investigaciones que no avanzan y familias atrapadas en la incertidumbre. Aquí, como en gran parte del país, la violencia no siempre deja cuerpos; deja preguntas sin respuesta.
El cuerpo 441: 4 años en el Semefo mientras su madre la buscaba
El 22 de junio de 2020, Francisca Mariner Flores desapareció en Cancún. Fue vista por última vez en su casa del fraccionamiento Paseos del Mar, después de bañar a su bebé. Horas más tarde, su teléfono dejó de registrar actividad.
Esa misma noche, su familia entendió que algo no estaba bien.
Al día siguiente, su madre, María Patrón Pat, acudió a la Fiscalía General del Estado. Desde el inicio, la investigación se desvió. La pareja de su hija se adelantó a denunciar y quedó registrada como víctima, lo que durante más de dos años impidió que fuera investigado como sospechoso.
María insistió, señaló y presentó pruebas. No hubo avances.
Con el tiempo se confirmó lo que ella sostenía: él era el responsable y hoy está sentenciado a 50 años de prisión.
Pero en paralelo ocurrió lo que nadie le informó.
El cuerpo de Francisca había sido localizado desde el 19 de julio de 2020 y permanecía en el Servicio Médico Forense.
Durante cuatro años y seis meses, su madre la buscó como si siguiera viva.
Recorrió oficinas, sostuvo exigencias ante la Fiscalía y participó en marchas. La toma de su muestra genética tardó un año; cuando finalmente se realizó, el proceso no avanzó.
En el Semefo existía un registro: un cuerpo sin identificar, clasificado como el número 441, con características coincidentes.
El dato nunca se cruzó.
El expediente se detuvo. El cuerpo también.
María encontró a su hija el 21 de diciembre de 2024. No como la buscaba. Días después, la prueba genética confirmó la identificación.
Negligencia institucional: cuando el Estado también desaparece
El caso de Francisca Mariner no es aislado. Expone fallas estructurales en la forma en que las autoridades investigan las desapariciones.
La falta de acción no solo retrasó su identificación: extendió durante años la incertidumbre de su familia.
Al menos cuatro exfuncionarios de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo han sido vinculados a proceso por omisiones y falta de diligencia. Entre ellos, personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y del área de Homicidios, señalados por no activar mecanismos de búsqueda ni dar seguimiento oportuno a la denuncia.
No fue un error puntual. Fue una cadena de fallas: ausencia de cruces de información, falta de acciones inmediatas y un sistema incapaz de vincular un cuerpo sin nombre con una denuncia activa.
El resultado fue que una madre buscó durante más de cuatro años a su hija, mientras la institución ya tenía una respuesta.
En México, la desaparición no termina con la ausencia. Se prolonga en expedientes detenidos y en sistemas que no logran dar respuestas.
Amenazas y riesgo: la otra cara de la búsqueda
Después de encontrar a su hija, María Patrón Pat pensó en detener su búsqueda.
El desgaste acumulado tras años de exigencias parecía suficiente. Pero no lo hizo. Nadie asumió el trabajo del colectivo, y decidió continuar.
Hoy encabeza Madres Buscadoras de Quintana Roo. Acompaña a otras familias y sostiene el vínculo con autoridades, pese a las limitaciones personales que implica.
Pero insistir también implica exponerse.
Las amenazas contra personas buscadoras son constantes. En su caso, cuenta con custodia permanente debido al riesgo para su vida y la de su familia. La violencia no termina con la desaparición: se extiende hacia quienes buscan respuestas.
Esta realidad se repite en todo el país. Ante la falta de resultados, las familias han asumido tareas que corresponden al Estado: rastrear, documentar y exigir avances.
Buscar, en México, también es un riesgo.
Hallazgos en fosas clandestinas: esperanza entre la incertidumbre
Cada hallazgo en una fosa clandestina abre una posibilidad.
Para las familias que buscan, no significa alivio ni consuelo. Es, en todo caso, una oportunidad de encontrar respuestas. Incluso en medio del horror, persiste una idea que se repite entre quienes buscan: dentro de lo más difícil, aún puede haber esperanza.
Los colectivos permanecen atentos a cualquier reporte: fosas, restos localizados en caminos o zonas apartadas. Cada aviso activa una mezcla de expectativa y temor. La posibilidad de encontrar a un ser querido convive con la certeza de lo que ese hallazgo puede significar.
Recientemente, en la comunidad de Leona Vicario, fueron localizados tres cuerpos. El hecho reavivó esa tensión constante entre la espera y la confirmación.
A diferencia de años anteriores, hoy existe una comunicación más directa entre la Fiscalía y los colectivos. Se comparten reportes y se realizan reuniones periódicas, lo que representa un avance en el acceso a la información.
Sin embargo, estos cambios no borran el pasado. Las fallas acumuladas siguen marcando la relación entre autoridades y familias.
Porque en cada hallazgo no solo se busca una identidad. También se enfrenta una verdad que, durante años, permaneció enterrada.
Saturación y traslado: la ruta de los cuerpos sin nombre
Durante años, los cuerpos se acumularon.
En Cancún, las instalaciones del Servicio Médico Forense llegaron a resguardar hasta 750 cadáveres sin identificar, una cifra que refleja la dimensión de la crisis, pero también la incapacidad del sistema para nombrar a quienes ya fueron encontrados.
Aunque el número actual es menor (extraoficialmente unos 50), la reducción no necesariamente implica identificación. Muchos de esos restos siguen sin nombre.
Parte de ellos han sido trasladados al panteón forense ubicado al final del fraccionamiento Cielo Nuevo. El movimiento permite liberar espacio en las instalaciones, pero no resuelve el problema de fondo: los cuerpos continúan sin ser identificados.
Para las familias, este proceso representa un nuevo obstáculo. Trasladar restos sin nombre dificulta su localización, rompe el seguimiento de los casos y prolonga la espera.
El riesgo es que, en lugar de acercarse a una respuesta, los cuerpos queden definitivamente fuera del alcance de quienes los buscan.
En un sistema rebasado, la falta de identificación no solo retrasa la justicia. También condena a las víctimas a permanecer en el anonimato.
Sin excusas: lo que cambió y lo que no
A diferencia de años anteriores, actualmente existen avances significativos en la atención a la desaparición de personas. María Patrón Pat subraya que iniciar una carpeta de investigación no es un favor, sino una obligación legal. El Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB), vigente desde octubre de 2020, establece que la búsqueda debe comenzar de inmediato, sin esperar 24, 48 o 72 horas. Ante una ausencia inusual, la denuncia debe realizarse de forma inmediata al 911 y formalizarse en la Fiscalía, donde debe abrirse la carpeta de investigación sin dilaciones.
Las primeras horas son cruciales. Retrasar la denuncia puede significar la pérdida de indicios clave, como grabaciones de cámaras o rastros que permitan localizar con vida. Además, es indispensable exigir la emisión de fichas oficiales como Alerta Amber o Alerta Alba, ya que estas formalizan la búsqueda y permiten su difusión efectiva entre autoridades y ciudadanía. No basta con subir una fotografía en redes sociales: sin mecanismos oficiales, la búsqueda carece de alcance y coordinación institucional.
También ha habido cambios estructurales. Antes no existía una fiscalía especializada ni personal capacitado. Desde junio de 2023 se fortalecieron capacidades con peritos, antropólogos, arqueólogos y equipo como drones y radares. Sin embargo, persisten negligencias y dilaciones, por lo que las familias deben exigir acciones inmediatas y no aceptar excusas.
La politización de la crisis: entre cifras, negación y exigencias internacionales
La dimensión de la crisis también se disputa en el terreno político.
Colectivos de familiares han cuestionado las cifras oficiales y los procesos de registro. Sostienen que los datos no reflejan la realidad que enfrentan en campo, donde continúan localizando restos y evidenciando inconsistencias en los reportes institucionales.
El debate se intensificó tras el pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que activó un mecanismo excepcional ante indicios de desaparición sistemática. La medida busca visibilizar la situación y abrir la puerta a la cooperación internacional.
Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y autoridades del Ejecutivo han rechazado estas conclusiones, al señalar que en México no existe una política de desaparición forzada y que las cifras deben analizarse en su contexto.
En contraste, desde la oposición, el diputado federal del PAN por Quintana Roo, Ernesto Sánchez Rodríguez, calificó la respuesta del gobierno como “errática y arrogante”, al considerar que se ha minimizado la dimensión del problema. En la misma línea, la legisladora panista Kenia López Rabadán advirtió que México no debe normalizar una crisis de esta magnitud y subrayó la importancia de la cooperación internacional. Por su parte, la dirigencia estatal del PRI en Quintana Roo, encabezada por Cora Amalia Castilla Madrid, ha señalado que el país enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de su historia.
El contraste de posturas no es menor. Mientras se discuten cifras, definiciones y responsabilidades, miles de familias continúan buscando sin respuestas.
Porque en México, la disputa sobre las desapariciones no solo ocurre en los datos, sino en la forma en que se decide nombrar —o no— la crisis.
Falta de cifras claras: la FGE sin un diagnóstico preciso
En Quintana Roo, ni siquiera existe una cifra exacta sobre el número de personas desaparecidas.
El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, ha reconocido públicamente que la institución no cuenta con un registro consolidado que permita dimensionar la magnitud del problema. Al mismo tiempo, ha señalado que alrededor del 95% de los casos reportados son localizados.
Sin embargo, no existe un desglose público que permita verificar cómo se construyen esos porcentajes ni en qué condiciones son localizadas las personas.
Durante conferencias de seguridad, el fiscal ha explicado que una parte importante de los reportes corresponde a jóvenes que se ausentan por conflictos familiares o problemas de comunicación en el entorno doméstico. Bajo esta interpretación, ha señalado que muchos de estos casos no necesariamente implican la comisión de un delito.
También ha afirmado que la Fiscalía no debe fungir como mediadora en conflictos familiares, al tratarse de situaciones que, en su consideración, deben resolverse por otras vías institucionales.
No obstante, la ausencia de un diagnóstico claro sobre las desapariciones en el estado deja un vacío estructural: sin cifras precisas, resulta difícil medir la eficacia de las estrategias de búsqueda o evaluar la dimensión real del problema.
En un contexto de crisis de desapariciones, la falta de datos no solo es un problema estadístico. Es también una limitación para la verdad.
Las cifras oficiales y sus sombras
Las cifras sobre personas desaparecidas en México dependen, en gran medida, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPD), la principal base de datos oficial del país. Sin embargo, este registro continúa en proceso de actualización y depuración debido a inconsistencias en su integración.
La falta de homogeneidad en los reportes y los ajustes constantes han generado un problema de fondo: la dificultad para establecer con precisión cuántas personas siguen desaparecidas en el país.
De acuerdo con los propios procesos de clasificación utilizados por las autoridades, los casos pueden ser marcados con distintos estatus de búsqueda, lo que permite visualizar su avance. Sin embargo, este sistema también ha sido objeto de cuestionamientos por parte de colectivos de familiares.
Las familias señalan que una persona puede aparecer como “localizada” sin que necesariamente haya regresado con su familia, lo que abre un margen de interpretación sobre el cierre de los casos. En otros casos, denuncian que las actualizaciones no siempre reflejan la situación real de las investigaciones.
Mientras el registro continúa en revisión, colectivos de búsqueda participan en procesos de verificación de datos que han evidenciado inconsistencias entre bases estatales y federales.
En este contexto, la discusión sobre las cifras no solo es técnica. También es una disputa por la forma en que se mide y se reconoce la crisis de desapariciones en México.
El contraste internacional: ¿negación o crisis?
La dimensión de las desapariciones en México ha llamado la atención de organismos internacionales.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que el país enfrenta patrones preocupantes que podrían encuadrarse en escenarios de desaparición sistemática, lo que podría constituir un crimen de lesa humanidad. A partir de ello, activó un mecanismo excepcional previsto en la Convención Internacional, diseñado para casos de especial gravedad.
Organismos como Amnistía Internacional han advertido que México atraviesa una crisis de derechos humanos con más de cien mil personas desaparecidas, lo que lo coloca entre los países con mayor número de casos registrados a nivel global.
Desde el gobierno mexicano, estas evaluaciones han sido rechazadas. Autoridades federales sostienen que no existe una política de desaparición forzada y que las cifras deben analizarse dentro de su contexto, al señalar que existen interpretaciones que no reflejan adecuadamente la realidad nacional.
En contraste, instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han cuestionado algunos informes internacionales, al considerar que requieren mayor precisión metodológica.
El resultado es un escenario de posiciones enfrentadas: mientras organismos internacionales advierten sobre una crisis estructural, el Estado mexicano sostiene su desacuerdo con esa lectura.
Entre ambas narrativas, permanece una realidad que no cambia con los informes: miles de familias siguen buscando.
El ADN: clave científica para encontrar a los desaparecidos
En la búsqueda de personas desaparecidas, el ADN se ha convertido en una herramienta fundamental para la identificación de restos humanos, incluso años después de los hechos.
Se trata de una huella genética única en cada persona, que permite establecer coincidencias entre muestras biológicas y perfiles de familiares directos. En el ámbito forense, este análisis hace posible confrontar información genética para determinar identidades con alto grado de certeza.
El proceso inicia con la toma de muestras a familiares, generalmente a través de saliva o sangre, que posteriormente son integradas a bases de datos oficiales. Estas muestras se comparan con restos localizados en fosas, servicios forenses o sitios de hallazgo.
En México, la toma de ADN para fines de búsqueda de personas desaparecidas debe ser gratuita, al formar parte de los protocolos de atención a víctimas. Sin embargo, colectivos han señalado que los retrasos en la recolección y análisis de muestras pueden ralentizar los procesos de identificación.
Más allá del contexto forense, las pruebas de ADN también se utilizan en casos de filiación y paternidad. En ciudades como Cancún, diversos laboratorios privados ofrecen este servicio con costos variables, lo que contrasta con su aplicación en casos de desaparición, donde el acceso debería ser garantizado por el Estado.
Como ejemplos, en Cancún los laboratorios Laclicsa ofrecen pruebas, enfocadas a la verificación de paternidad, por $7,345.00, Genómica Médica por $4,899.00 y el Laboratorio Médico del Chopo por $7,140.00.
En un contexto de crisis, el acceso oportuno a esta herramienta puede marcar la diferencia entre la incertidumbre prolongada y la identificación de una persona.
El cine como herramienta de conciencia social
En medio de una crisis marcada por la ausencia y la búsqueda, también existen intentos por nombrar lo que duele desde otras miradas.
El cortometraje Perdida, realizado por estudiantes de CineCamp en Cancún bajo la dirección del productor y docente Carlos Arjona, surge de esa necesidad: contar una historia atravesada por la desaparición de una joven y los riesgos que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana.
Más que un ejercicio académico, el proyecto se convirtió en un espacio de reflexión para quienes participaron en su creación. Desde la escritura del guion hasta el rodaje, el proceso abrió preguntas sobre la violencia, la vulnerabilidad y la urgencia de generar conciencia social.
El corto ha sido reconocido por colectivos de madres buscadoras como un esfuerzo por visibilizar la problemática sin revictimizarla, y puede verse en línea en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=4gXOCi3x1j0.
Asimismo, será proyectado el 17 de abril en la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Cancún, ubicada en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, como parte de una muestra de cine con enfoque social.
En un país donde la desaparición de personas ha dejado de ser una excepción para convertirse en una realidad cotidiana, el arte también se vuelve un espacio de resistencia.
Porque mientras miles de familias siguen buscando a quienes faltan, otras formas de narrar intentan, al menos, no dejar que el silencio sea absoluto.
DATOS IMPORTANTES
• La Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con un micrositio de internet en donde existe información de personas desaparecidas, su estatus actual de acuerdo con la alerta emitida e incluso un apartado con fotografías de personas localizadas sin vida, en donde se muestran los rostros, tatuajes y ropa con la que fueron encontrados.
• Además, existe otro enlace en el que se ofrece recompensa para dar con el paradero no solo de personas desaparecidas, sino también de sujetos señalados por la comisión de diversos delitos penales.
• En el edificio Cobá, sobre la avenida del mismo nombre, operan seis fiscalías, entre ellas la de personas desaparecidas.
CIFRAS
• Según datos oficiales presentados en marzo de 2026, México registra 132,534 personas desaparecidas y no localizadas. La mayoría de estos casos ocurrieron en los últimos 20 años, con un repunte significativo durante la última década, reflejando una crisis de derechos humanos.
• Total histórico: desde 1952 hasta la fecha, se han reportado 396,252 personas, de las cuales 263,091 han sido localizadas.
• Situación actual: de las 133,161 personas pendientes de localizar, la mayoría de los casos (98%) ocurrieron entre 2006 y 2026.
Distribución de datos:
El gobierno clasificó los registros actuales en tres grupos:
• 31% (40,308): casos con datos suficientes para búsqueda y con indicios de actividad posterior a la desaparición.
• 33% (43,128): casos con datos completos sin indicios de actividad.
• 36% (46,742): casos sin datos suficientes (nombre, sexo, etc.) para una búsqueda efectiva.
Controversia:
• Organizaciones civiles critican las revisiones de cifras por parte del gobierno, señalando intentos de minimizar la crisis.
• De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Quintana Roo se contabilizaron 376 personas reportadas como desaparecidas durante 2025.
• Benito Juárez encabeza la lista con el mayor número de casos, al registrar 164 personas desaparecidas, de las cuales 118 son hombres y 46 mujeres.
• En lo que va de 2026 se reportan 146 casos.
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Este documento reúne una serie de propuestas orientadas a la reflexión y a la acción dirigidas a autoridades municipales, estatales y a la sociedad en general. Su finalidad es contribuir a fortalecer la respuesta institucional ante la crisis de desapariciones en México, así como impulsar una cultura de prevención, atención inmediata y respeto a los derechos de las víctimas y sus familias.
• Atención inmediata obligatoria en todos los reportes de desaparición
Garantizar que toda denuncia active la búsqueda de forma inmediata, sin demoras ni requisitos previos.
• Actuación prioritaria en las primeras horas
Reconocer legal y operativamente que las primeras horas son decisivas para la localización de personas con vida y la preservación de indicios.
• Fortalecimiento de la responsabilidad municipal
Impulsar la capacitación de autoridades locales para la correcta canalización de denuncias y la coordinación efectiva con instancias estatales.
• Aplicación estricta del protocolo de búsqueda desde el primer momento
Asegurar que la Fiscalía abra carpetas de investigación de forma inmediata y sin dilación alguna.
• Integración y cruce eficiente de bases de datos
Consolidar sistemas forenses, ministeriales y de denuncias para evitar la pérdida de información y acelerar la identificación de personas.
• Participación activa y responsable de la sociedad
Fomentar la denuncia oportuna, la difusión de información verificada y el rechazo a la indiferencia ante cada caso.
• Uso prioritario del ADN en procesos de identificación
Garantizar la toma, análisis y cruce de muestras genéticas como herramienta fundamental para la identificación de personas desaparecidas.
• Prevención de la minimización o clasificación inadecuada de los casos
Evitar que las desapariciones sean tratadas como conflictos menores sin una investigación efectiva.
• Impulso a la cultura del ADN y del kit forense familiar
Promover una cultura preventiva basada en la importancia del ADN como herramienta clave de identificación humana, así como la conservación responsable de muestras biológicas familiares. El llamado “kit forense familiar” consiste en resguardar, de forma segura, elementos que contengan material genético —como cabello con raíz, cepillos dentales o uñas— que puedan ser utilizados en caso de desaparición para facilitar la identificación mediante pruebas genéticas. Estas acciones pueden agilizar los procesos forenses y fortalecer el derecho de las familias a la verdad y la localización.
• Respuesta institucional coordinada, transparente y humana
Establecer una actuación conjunta entre niveles de gobierno que priorice a las víctimas, garantice la verdad y atienda con dignidad a las familias.
