Gerardo Ruiz
Si tú pudieras ver lo que yo escucho, sabrías que cuando uno afina el oído, el discurso cambia: el subsidio deja de escucharse como solución y se revela como pretexto.
Los subsidios son, en teoría, instrumentos legítimos del Estado. Sirven para corregir desigualdades, amortiguar impactos económicos y garantizar acceso a derechos básicos. Nadie sensato podría oponerse a ello. El problema no es el subsidio en sí, sino su uso sistemático como sustituto de la solución.
Hoy, el subsidio ha dejado de ser una medida temporal para convertirse en una política permanente. Electricidad subsidiada, transporte subsidiado, alimentos subsidiados, servicios subsidiados. Todo subsidiado. Y, sin embargo, los problemas estructurales siguen intactos. La pregunta entonces es inevitable: ¿qué estamos resolviendo realmente?
Administrar subsidios se ha vuelto, para muchos gobiernos, una forma de administrar la precariedad. No se corrige el problema de fondo, se mitiga el síntoma. No se invierte en infraestructura energética eficiente, pero se subsidia el recibo. No se transforma el sistema de transporte público, pero se subsidia la tarifa. No se mejora el ingreso de las personas, pero se compensa con apoyos temporales.
Y así, el subsidio deja de ser una herramienta y se convierte en un pretexto.
Un pretexto cómodo. Porque permite a cualquier funcionario —presidente, gobernador o alcalde— afirmar que está “haciendo algo”, cuando en realidad está postergando decisiones estructurales. Decisiones que implican planeación, inversión, coordinación institucional y, sobre todo, voluntad política.
Actualizar el concepto de subsidio es urgente. En el contexto actual, el subsidio debería entenderse como una medida transitoria, focalizada y con objetivos claros de salida. Es decir, un puente hacia una solución de fondo, no un destino permanente.
Cuando un subsidio se vuelve eterno, deja de ser política pública y se transforma en evidencia de ausencia de estrategia.
Lo ocurrido en la trigésima octava sesión de cabildo del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, en materia de transporte público, es un ejemplo claro. Se vuelve a poner sobre la mesa el subsidio como mecanismo para sostener un sistema que no ha sido corregido de fondo. Se habla de apoyar al usuario, de contener tarifas, de evitar afectaciones, pero poco o nada se dice sobre la calidad del servicio, la accesibilidad, la cobertura real o la dignidad del traslado. Lo sé, porque estuve ahí: escuchando consignas y respaldos, pero ningún cuestionamiento de fondo.
Durante años se ha subsidiado el transporte público, pero el resultado no ha sido un mejor sistema, sino uno cada vez más dependiente. Poco a poco, la responsabilidad que corresponde a concesionarios y operadores ha terminado por trasladarse al Estado, sin que ello se traduzca en mejores condiciones para el usuario.
El mensaje es claro: es más fácil subsidiar que transformar.
Se subsidia la tarifa, pero no se exige un servicio eficiente. Se destina recurso público, pero no se condiciona a mejoras verificables. Se protege al sistema, no al ciudadano. Y así, el transporte público sigue operando bajo una lógica de sobrevivencia, no de calidad.
Ese es el problema de fondo. El subsidio, en lugar de ser un puente hacia un mejor sistema de transporte, se convierte en el mecanismo que perpetúa sus deficiencias. No corrige el modelo: lo sostiene, aunque funcione mal.
Invertir en soluciones reales implica cambiar la lógica. Significa dejar de preguntar cuánto vamos a subsidiar y empezar a preguntar qué problema vamos a resolver de raíz. Significa entender que cada peso destinado a un subsidio permanente es un peso que no se está invirtiendo en transformar el sistema que origina la necesidad de ese subsidio.
No se trata de eliminar los subsidios de manera irresponsable. Se trata de dejar de depender de ellos como única respuesta. Porque un gobierno que solo subsidia es un gobierno que renuncia a transformar.
Gobernar no debería ser administrar carencias, sino resolverlas. Y mientras el subsidio siga siendo la respuesta automática, la precariedad seguirá siendo la política pública.
Gerardo Ruiz es director de la Red Ciegos Quintana Roo
X: @gruizcun