Gerardo Ruiz
Si tú pudieras ver lo que yo escucho cuando alguien repite el refrán “El buen juez por su casa empieza”, entenderías que no es una frase hecha. Es una advertencia.
Hablar de prioridades no es un ejercicio técnico, es un acto de responsabilidad pública. Gobernar no es inaugurar, es decidir. Y decidir implica reconocer que hay necesidades que no pueden esperar, porque no son aspiracionales, son básicas.
Antes de pensar en un puente, antes de proyectar un tren, antes de cortar un listón, hay preguntas más incómodas: ¿hay agua potable?, ¿hay acceso a la salud?, ¿hay condiciones mínimas para que los ciudadanos vivamos con dignidad?
Porque mientras se discuten megaproyectos, hay realidades que siguen sin resolverse.
Ahí es donde el refrán cobra sentido. La casa, en este caso, es el Estado. Y si el Estado no es capaz de garantizar lo esencial, todo lo demás es accesorio, incluso si luce espectacular.
Un ejemplo reciente lo evidencia con crudeza. En una resolución discutida en la Suprema Corte, se abordó si el sistema de salud debía cubrir insumos básicos para personas con discapacidad: prótesis, audífonos, lentes, implantes. No lujos. No excesos. Herramientas para vivir.
Sin embargo, hubo una postura en contra bajo el argumento de que no existen condiciones materiales ni financieras para garantizar ese derecho de forma generalizada.
Es decir, el problema no es si se necesita, sino si alcanza.
Y ahí es donde la discusión se vuelve incómoda. Porque revela una contradicción de fondo: sí hay recursos para obras emblemáticas, presupuesto para contratar rituales en recintos jurídicos que no vienen al caso y que son gastos innecesarios para cubrir derechos básicos. Sí hay capacidad para transformar el paisaje, pero no siempre para sostener la vida cotidiana.
Para quienes vivimos con discapacidad, esto no es un debate abstracto. Es una realidad diaria. Un audífono no es un accesorio, es acceso al mundo. Una prótesis no es un lujo, es movilidad. Negar estos insumos, o condicionarlos a la disponibilidad presupuestal, es colocar la dignidad en lista de espera.
Y eso también es una forma de administrar la precariedad.
El problema no es solo financiero. Es de enfoque. Cuando lo urgente se subordina a lo visible, cuando lo necesario pierde frente a lo políticamente rentable, se invierte el orden de las prioridades.
Se gobierna hacia afuera, no hacia adentro.
“El buen juez por su casa empieza” implica que antes de aspirar a grandes transformaciones, se debe garantizar lo esencial. No se trata de estar en contra del desarrollo, sino de entender que el desarrollo que no incluye, excluye.
Porque una ciudad no se mide por sus obras, sino por cómo trata a quienes más la necesitan.
Y si eso no está resuelto, entonces no estamos avanzando. Solo estamos construyendo encima de lo pendiente, al final termina por fracturarse; regresando a una situación mucho peor de como estaba.
Gerardo Ruiz es director de la Red Ciegos Quintana Roo
X: @gruizcun