MÉXICO.- El activista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, rechazó las acusaciones del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con el Cártel del Noreste y advirtió que dichos señalamientos ponen en riesgo su vida.
El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, lo sancionó al señalar que habría operado como “empleado” del grupo criminal, encabezando campañas de desinformación, promoviendo denuncias contra el Ejército y financiando protestas para favorecer a la organización.
En respuesta, Ramos calificó las acusaciones como “incompletas y erróneas” y defendió su trayectoria: “Mi obra de 30 años de defensor de derechos humanos no está sujeta a la aprobación de ningún gobierno”.
El activista sostuvo que su trabajo se basa en denuncias documentadas ante instancias nacionales e internacionales, incluyendo la ONU, y afirmó que sus investigaciones han derivado en sentencias contra elementos de fuerzas armadas.
Ramos atribuyó las acusaciones a campañas de desprestigio ligadas a autoridades mexicanas y señaló directamente a actores como el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. “Alguien no quiere que sigamos haciendo juicios”, afirmó.
Advirtió que ser etiquetado como colaborador criminal “justifica” posibles agresiones en su contra por parte de grupos rivales, en un contexto de violencia en la región fronteriza.
El defensor recordó que cuenta con medidas de protección federal desde 2013 y denunció haber sido víctima de espionaje con el software Pegasus, confirmado por investigaciones independientes.
“Tampoco pienso dejar mi labor”, subrayó, al afirmar que continuará atendiendo a víctimas pese a las acusaciones y al impacto del caso. (Con información de Infobae)