Inosente Alcudia Sánchez
“No. La verdad es que no, no sospeché, si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del cargo”. La cita es de Adán Augusto López Hernández, pero bien podría suscribirla Felipe Calderón. Ambos jefes, uno estatal y otro federal, comparten el inverosímil rasgo de no haberse enterado jamás de las tropelías de sus subalternos. Esa conveniente ignorancia, ese no saber nada, se ha convertido en un lugar común entre quienes ostentan el poder, pero se lavan las manos cuando las consecuencias de sus acciones alcanzan dimensiones públicas y hasta judiciales.
¿Cómo pudieron gobernar –uno un estado, el otro un país entero– si desconocían lo que sucedía en sus propias estructuras de gobierno? Y aunque en última instancia correspondería a las autoridades competentes deslindar si es verdadera la ignorancia que presumen, hay algo profundamente inquietante en la manera en que la esgrimen: como un escudo de impunidad, como si el desconocimiento eximiera de responsabilidad.
En declaraciones a un medio nacional, a propósito del presunto involucramiento de su entonces secretario de Seguridad Pública en actividades delictivas, el exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación hizo una afirmación particularmente reveladora. Dijo Adán Augusto López: “Cada final de sexenio se calienta la plaza y los policías y grupos delictivos hacen desmanes para imponer condiciones al gobierno entrante” (Tabasco Hoy, 17 de julio de 2025).
La frase, que en otros contextos podría pasar por un análisis cínico de la realidad, viniendo de este personaje adquiere un cariz alarmante. Si debemos creerle, lo que está describiendo no es un fenómeno aislado, sino una aparente práctica sistemática en la que los gobiernos –al menos el suyo– asumieron como algo normal el hecho de que los grupos delictivos “impongan condiciones”. Y si eso ocurrió en Tabasco, lo lógico sería preguntarse: ¿qué condiciones le impusieron a su administración? ¿Y a cambio de qué?
La declaración no solo exhibe una grave falta de control institucional, sino lo más peligroso es que revela una forma de gobernar donde la paz pública y el control de la violencia se logran, no mediante la aplicación de la ley, sino a través de pactos no declarados entre el poder político y el crimen organizado. Si esa es la experiencia que Adán Augusto carga como político y exfuncionario federal, resulta aún más perturbador imaginar que durante su paso por la Secretaría de Gobernación haya aplicado esos mismos supuestos para articular la estrategia de “abrazos, no balazos” impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación.
Las palabras de Adán Augusto no solo fueron desafortunadas; fueron incriminatorias. Revelan, al menos, que encabezó un gobierno estatal que toleró –si no negoció directamente– con actores delictivos, y que, ya como uno de los hombres mejor informados del país, no supo o no quiso enterarse del entramado criminal que operaba en su estado natal y el país.
El propio López Hernández se define como un “operador político”. Es decir, un negociador de crisis; sin embargo, cada vez se perfila más como alguien que está dispuesto a atropellar principios en nombre de los fines que, acaso, le encarga “su movimiento”. Así, su pragmatismo raya en el cinismo, y su noción de eficacia política se mide por resultados de beneficios particulares, no por la legalidad o la ética de los medios empleados.
Adán Augusto encarna una de las peores versiones del quehacer político en México: la del gestor de una gobernanza en la que el orden social no se construye con justicia, sino con arreglos opacos. Es el mismo personaje que, según diversas versiones periodísticas, presionó a los Yunes para que rompieran con el PAN y apoyaran, desde el Senado, la controvertida reforma que socavó al Poder Judicial. ¿Qué ofreció? ¿Qué prometió? ¿Qué amenazó?
Ese es su estilo, el modo de actuar de quien aspiró a ser presidente de este país. Si ese será el sello con el que se pretende consolidar a la 4T en su nueva etapa, los ciudadanos tenemos razones suficientes para preocuparnos. No obstante, sin proponérselo, Adán Augusto le ha dado a la presidenta Sheinbaum la mejor oportunidad para enviar, a propios y extraños, su mensaje más contundente: en el Segundo Piso de la Transformación no hay espacio para la gobernanza criminal ni para la gobernabilidad basada en el contubernio. La caída del poderoso senador representaría un quiebre en la forma deshonesta de hacer política que –ya es inocultable– prevaleció en el sexenio pasado. “Yo no me siento mal de haber nombrado a Hernán Bermúdez, dio resultados”, confirmó Adán Augusto López (Milenio, 26 de septiembre de 2025).
