El diario Tribuna enfrenta una medida cautelar sin precedentes: un censor judicial supervisará cada publicación antes de su difusión. El 28 de julio, la jueza Edelmira Cervera Sánchez confirmó la orden de entregar el nombre y datos del responsable de redes sociales, luego de desechar el recurso de revocación presentado por el medio.
La figura de censor fue decretada el 15 de julio por la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May, en el proceso derivado de la denuncia por “discurso de odio” e “incitación a la violencia” promovida por la gobernadora Layda Sansores contra el exdirector Jorge Luis González Valdez y su periódico. Según el fallo, interventores designados por el Tribunal Superior de Justicia estatal revisarán que las publicaciones no mencionen a la mandataria morenista.
Este caso se suma a otra resolución previa que suspendió el ejercicio periodístico de González Valdez por dos años y ordenó el pago de 2 millones de pesos, aunque ese fallo fue temporalmente anulado por un tribunal colegiado.
La Alianza de MediosMx y la organización Artículo 19 han denunciado estas medidas como “censura previa” incompatible con la Constitución y tratados internacionales. En el Índice Chapultepec 2024, México obtuvo 43.5 puntos sobre 100 en libertad de expresión, en el nivel de “restricción”, muy cercano a “alta restricción”.
González Valdez, en entrevista, calificó la intervención de “abuso” y advirtió que sienta un “precedente peligroso” para el periodismo nacional. Alertó que el mecanismo, usado hasta ahora en asuntos fiscales, podría replicarse en otras entidades, dejando “sin voz a la población”.