Tras el fallo de la CIDH, que sentenció su desaparición por ser incompatibles con lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Morena y MC presentan iniciativas en el Senado para su abrogación
REDACCIÓN
MÉXICO.- En respuesta a la instrucción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó este jueves una reforma para derogar de la Constitución la figura del arraigo.
Suscrita por Aleida Alavez Ruiz y Leonel Godoy, vicecoordinadores de ese grupo parlamentario, la iniciativa será prioridad del grupo mayoritario en el arranque de las sesiones del periodo ordinario inaugurado el miércoles, aseguraron.
El 27 de enero, en San José, Costa Rica, la CIDH ordenó al Estado mexicano dejar sin efecto de manera inmediata la figura del arraigo y la “adecuación de la prisión preventiva a estándares internacionales”.
Dichas recomendaciones fueron expuestas el pasado lunes por el presidente de la Corte-IDH, Ricardo Pérez Manrique, al exponer los alcances de la sentencia en la que declaró culpable a México por la violación de las garantías individuales de los hermanos Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en 2006.
También Amnistía Internacional México se refirió al fallo, en un comunicado en el cual detalló que al estudiar la figura del arraigo, que permite la privación de la libertad sin cargos ni evidencia y puede extenderse hasta por 80 días mientras las fiscalías investigan, la CorteIDH determinó que es “incompatible a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”,
“Si bien la CoIDH no se pronunció directamente sobre la prisión preventiva oficiosa (PPO) por no aplicar al caso concreto, sí obligó a adecuar la figura de la prisión preventiva a los estándares internacionales, lo que implicaría también su derogación”, expuso.
La propuesta legislativa morenista, sin embargo, sólo deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución correspondiente al arraigo.
En la iniciativa se recuerda que “la figura del arraigo siempre ha sido sumamente cuestionada, pues su materialización implica padecer los efectos de una pena de privación de libertad anticipada”.
La vicecoordinadora Alavez Ruiz adelantó que espera el respaldo de todos los grupos parlamentarios, toda vez que siendo una reforma constitucional se necesita el voto a favor de las dos terceras partes del pleno.
Va MC también contra prisión preventiva oficiosa
Por su parte, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado ya había presentado el miércoles una iniciativa para abrogar tanto la figura de la prisión preventiva oficiosa como el arraigo del Código Penal Federal pues acusó que estas medidas mantienen a 93 mil personas privadas de su libertad sin una sentencia, sin acceso a una defensa adecuada y, en la mayoría de los casos, como consecuencia de la desigualdad e injusticia cotidianas que se viven en México.
“Lejos de reducir la incidencia delictiva, la prisión preventiva oficiosa es un lastre que nos impide tener justicia, su aplicación no tiene una reducción en los delitos, en los últimos dos años las personas en las cárceles aumentaron 13 por ciento, sin que las y los mexicanos se sientan más seguros”, aseveró el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich.
El legislador recordó que México está obligado a cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eliminar de su sistema jurídico la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, por ser medidas contrarias al principio de presunción de inocencia.
Castañeda Hoeflich recordó que en México cerca de cien mil personas se encuentran privadas de su libertad bajo esta figura jurídica, algunas de ellas llevan décadas en prisión sin que se les dicte sentencia.
Según datos del “Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional”, en enero de 2022 se encontraban privadas de su libertad 223 mil 385 personas, de las cuales 41 por ciento no contaban con sentencia condenatoria.
Los datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022, levantado por el INEGI, demuestran que desde 2017 ha aumentado 10.2 puntos porcentuales la tendencia de privar de la libertad sin sentencia. (Con información de Excélsior y agencias)
